El Ministerio de Seguridad Social modifica, cuatro meses después de su aprobación, el Real Decreto que regula el examen de pensiones de la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Lo hace para añadir algunas de las recomendaciones del organismo independiente y para pedir a la institución que elabore un nuevo informe en 2026, aunque los retoques son mínimos. A pesar de incluir alguna de las sugerencias, la cartera de Elma Saiz deja fuera la más importante para la AIReF: modificar la regla de gasto.
Esta regla es el límite que actualmente exige que el gasto neto promedio no supere entre 2022 y 2050 el 13,3% del PIB. Para cambiarlo y adaptarlo a lo que pide AIReF, el Ministerio tendría que haber elaborado una norma con rango de ley, no un Real Decreto, que se limita a desarrollar la norma y no necesita el aval del Congreso. Es decir, no podría efectuar dicho cambio con la modificación sometida a audiencia pública este miércoles.
En marzo, la reforma de pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá y ahora desarrollada por la actual representante de la cartera, Elma Saiz, se sometió a su primera evaluación. Si suspendía, el Ejecutivo habría estado obligado a llevar a cabo ajustes. La AIReF, encargada de llevar a cabo este examen, dio el aprobado a la reforma, aunque lo hizo con una queja clara: la regla de gasto no es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad y merma la capacidad de supervisión del organismo y su independencia. Como consecuencia, la principal recomendación de la AIReF iba dirigida a redefinir este criterio. Entonces también emitía una segunda opinión en la que avisaba que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado.
En concreto, la institución de Herrero pedía al Gobierno que "en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo, integre la regla de gasto de pensiones, alineándola con los objetivos y plazos del marco fiscal tanto europeo como nacional".
Tres criterios diferentes
La autoridad fiscal ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de cambiar la regla de gasto por las "debilidades en su definición desde la perspectiva de sostenibilidad". La última vez, que lo hizo fue en su intervención en la Comisión de Hacienda del Congreso, cuando la presidenta de la organización advirtió sobre la necesidad de unificar las diferentes reglas de gasto que existen en nuestro país: "No nos gusta cómo está establecida y por eso publicamos al mismo tiempo la opinión", declaró entonces Herrero.
La petición del organismo supervisor, sin embargo, viene de antes. La primera vez que avisó sobre las debilidades de la medida fue en marzo 2023, cuando destacaba en el documento El impacto de las reformas del sistema de pensiones entre 2021 y 2023, que el resultado sería altamente sensible a los supuestos y metodología que se empleen para su cálculo.
Según explicó la AIReF en el documento publicado en marzo de este año, la principal ventaja de la medida es que limita el incremento del gasto en pensiones. Sin embargo, su cumplimiento "puede transmitir una percepción equivocada", "depende de manera crucial del momento en el que se evalúe", "ofrece una visión parcial" y es "sensible" a los cambios.
La explicación detallada es que, la regla europea establece una limitación general del crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos -de un promedio anual del 3% entre 2025 y 2031, con un perfil decreciente en el tiempo-, mientras que la regla de gasto de pensiones, aun cumpliéndose, permite incrementos del gasto en pensiones del 4% durante todo ese período. Una cuestión que "condiciona la tasa a la que pueden crecer el resto de los gastos para cumplir con los compromisos".
Los cambios
En el documento publicado el miércoles el Transparencia, Seguridad Social introduce dos cambios que afectan al examen de la AIReF. En primer lugar, hace referencia a que el organismo también evalúe sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas (aunque sin modificar la regla). Y, en segundo, eliminar la expresión "del sistema" al referirse a las alternativas para incrementar los ingresos, quitando de los recursos las transferencias del Estado, que la Comisión Europea pide no incluir.
Por otro lado, la modificación del Real Decreto también pide al organismo de Herrero realizar un informe adicional antes del 1 de junio de 2025 "a fin de tener en cuenta los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años" y "disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas". Es decir, un nuevo documento 'extra' sobre la sostenibilidad de las pensiones, además del que ya debe ser publicado cada tres años. Una información que ya fue adelantada por El País y El Mundo.
El documento, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, es "un ejercicio de transparencia" y, por tanto, "no supone una nueva evaluación". El objetivo, agregan, es cumplir con las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea y "reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema". La diferencia principal se encuentra en que, si el documento fuese un examen, en caso de suspenso, el Ejecutivo tenga que realizar ajustes.
El nuevo informe, detallan dichas fuentes, "permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes, así como la existencia de más evidencia sobre el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de reformas estructurales tan importantes como la reforma laboral".
El documento elaborado por la AIReF no incluía el impacto de la reforma laboral en la sostenibilidad de las pensiones. Según contaba en marzo Cristina Herrero, la razón principal era que según el organismo, "no se podía establecer una relación". Advertía también que el impacto de la reducción de la temporalidad "tardaría en verse". Además, recordaba la falta de información al no haber publicado todavía el Ministerio de Trabajo el documento del impacto de la reforma. Un papel que tenía que ser público desde enero de 2025.
El informe llegará un año después del primer examen de la AIReF a la reforma de pensiones de Escrivá. En este, el Ejecutivo cede en parte al incluir, como ya se ha mencionado, la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y al excluir las transferencias de los ingresos.