La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 29 de abril el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para que comience su tramitación en el Congreso de los Diputados. El borrador, en forma de anteproyecto de ley, ya había recibido la luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero tras lo que recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social (CES) que contaba con la firma de las patronales y los sindicatos. Casi dos meses después será enviado a la Cámara Baja para dar paso a la negociación parlamentaria, dado que la iniciativa de Sumar no tiene garantizado todavía que vaya a reunir los votos suficientes.
La responsable del área laboral dentro del Ejecutivo, lo ha avanzado en la clausura del congreso de CCOO Industria donde ha pedido "convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento" para convencer a todos los grupos políticos. "No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos" ha sostenido después de meses en los que todo el cuerpo empresarial se ha movilizado para dejarle claro a Junts y PNV, socios habituales del Gobierno, que rechazan rotundamente que se modifique el tiempo de trabajo a través de una ley y no mediante la negociación colectiva. Inicialmente, Díaz vio en la catalana Pimec una oportunidad para terciar el apoyo de los de Puigdemont a través de medidas compensatorias, si bien, la organización empresarial de Antoni Cañete participó hace unas semanas en Madrid en un evento en contra de esta ley.
El segundo paso por la reunión de los ministros llega justo antes de la movilización del 1 de Mayo, en la que CCOO y UGT habían decidido desplazar el foco desde esta medida a la política arancelaria de Donald Trump. Y con cierto retraso respecto al plan inicial, puesto que en febrero desde el Ministerio de Trabajo estimaban que la norma ya habría llegado al Congreso para el final de ese mes o a comienzos de marzo. En cambio, fue el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, quien había puesto más objeciones al acuerdo suscrito por Díaz con los sindicatos en el mes de diciembre -después de casi un año de negociación- el que desde un inicio señaló que este paso no se daría hasta abril o mayo, plazo que también ha estado a punto de exceder.
Esta demora había comenzado a generar problemas en el ámbito laboral, como han reconocido tanto los representantes de los trabajadores como los empresarios debido a la dificultad de cerrar nuevos convenios con la incertidumbre de cómo quedará fijada la jornada anual. Ambos lados de las mesas de negociación habían demandado claridad y dotar de seguridad jurídica al contexto de las relaciones laborales, que en los últimos ejercicios están rodeados de un listado de anuncios que no siempre se acaban de materializar. Además, el acuerdo preveía que la norma entraría en vigor al día siguiente de ser publicada en el BOE, pero dejaba un margen hasta el 31 de diciembre para que los negociadores pactasen cómo se iban a distribuir los nuevos horarios, un plazo que los actoreshan pasado a considerar insuficiente a medida que se ha dilatado su tramitación.
La aprobación en Consejo de Ministros dará paso a un periodo de tramitación que suele durar de media cinco meses en el caso de los proyectos de ley (las iniciativas que parten del Gobierno) y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia. Los partidos tendrían 15 días para proponer cambios o enmiendas a la totalidad (dirigidas a frenar la tramitación). Si estas últimas no se presentan o se descartan la norma pasaría a estudiarse en la Comisión de Trabajo. Allí un grupo más reducido elaboraría un primer borrador con las enmiendas que apoye la mayoría, que después se somete a debate junto a los cambios que quedaron fuera, conocidos como "enmiendas vivas", lo que dará forma al dictamen que se somete a votación. Lo habitual es que este último debate tenga lugar en el Pleno en normas de este calado (aunque podría hacerse también en comisión) y sería entonces, si reúne los apoyos suficientes, cuando pasaría al Senado.
La Cámara Alta tiene dos meses para introducir cambios en la ley o presentar un veto, supuestos en los que el texto tendría que volver de nuevo al Congreso o, por el contrario, ratificar la norma que impulsó el Gobierno, lo que supondría su aprobación definitiva y publicación en el BOE. Este extenso proceso, que en el mejor de los casos llevaría unos tres meses (al margen de que en julio y agosto no haya sesiones) lleva a que los interlocutores sociales duden desde hace meses que se pueda aplicar en enero.
