Las maltrechas finanzas públicas españolas estarían ahora en una situación algo más desahogada si los 40.000 millones de euros que afloraron con la polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 fueran detectados ahora por la Agencia Tributaria. Si esa cantidad fuera la que el fisco detectara ahora en el exterior, la Ley impondría al defraudador una multa del 150% sobre impuestos -a instancias del modelo 720, que hizo obligatoria la declaración de bienes en el exterior- y garantizaría unos ingresos de al menos 15.000 millones, cantidad más que suficiente para enjugar el desvío actual del déficit público.
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