Los acontecimientos de las últimas horas, con el arresto de Carles Puigdemont en la frontera entre Dinamarca y Alemania, han dado un vuelco a la situación en Cataluña, y por ende a la resolución de los Presupuestos Generales del Estado, bloqueados desde hace meses por el PNV, en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así está ahora la investidura catalana.
Este viernes, la decisión del juez Pablo Llarena de enviar a prisión a medio exgobierno de Puigdemont, y entre ellos a Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalitat, supuso un jarro de agua fría a los intereses del Gobierno necesitado del apoyo del PNV.
A la espera de las negociaciones que Rajoy establezca por la vía de Iñigo Urkullu, se presentan más opciones hoy que ayer de que los soberanistas encuentren nuevas fórmulas, sin la presión de Puigdemont y prescindiendo fundamentalmente de la CUP. Sin embargo, los sectores más soberanistas de un PNV con dos almas hablan de remesa de indultos a cambio de su voto a favor a las Cuentas Públicas.
Por el momento, el presidente Rajoy se ha reservado en su agenda el fin de semana y también este lunes para ultimar unos 'flecos' que durante seis meses se han ido complicando, primero con la posición de bloqueo del PNV con el 155, y después con los distintos requerimientos que ha ido añadiendo Ciudadanos sobre la marcha, como la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos, o, a última hora, la dimisión de la senadora Pilar Barreiro, investigada en el marco de la trama Púnica. Finalmente Ciudadanos acaba de anunciar un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos de 2018, tras llegar a acuerdos importantes con el PP.
En el tiempo límite, como bien remarcó el ministro Cristóbal Montoro en su comparecencia del pasado viernes tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno dispone de poco margen para cerrar las Cuentas Públicas. La incertidumbre queda abierta por los distintos mensajes enviados por el PNV.
Viernes de Dolores
El Viernes de Dolores, el presidente del Gobierno afirmaba desde Bruselas que seguía teniendo el convencimiento de que los Presupuestos saldrían adelante. "Una cosa es el Presupuesto y otra los acontecimientos que estamos viviendo", sentenció el jefe del Ejecutivo español, para a renglón seguido expresar su deseo de que a la mayor celeridad posible se termine con el bloqueo político y se forme un Gobierno autonómico que cumpla la legalidad vigente.
La clave, por tanto, continúa estando en Cataluña. Y así se lo han hecho trasladar los emisarios vascos al presidente del Gobierno. El 155 sigue siendo el anatema, el anticristo para el PNV, que no sabe cómo encajar en su discurso el apoyo a Rajoy, con una comunidad de identidad nacional intervenida por el Estado y sus principales dirigentes durmiendo entre rejas.
La tramitación de los Presupuestos Generales, que entrarán por la Carrera de San Jerónimo el primer martes de abril, regala entre comillas algo más de un mes al Gobierno para hallar los votos que le faltan, mientras en Cataluña se dibujan otras combinaciones y alianzas parlamentarias que excluyan el yugo de la CUP, e incluyan a los comunes de Xavier Domènec, sin descartar al PSC de Miquel Iceta.
El peor escenario
Lo cierto es que a pocos, o a casi nadie le interesa la repetición de elecciones en Cataluña, que, de tener que celebrarse, serían el 15 de julio. De modo que, el plazo para investir al próximo presidente de la Generalitat concluye el 22 de mayo. Así pues, en el caso de volver a las urnas, aunque Rajoy se esfuerce por separar la situación catalana de los PGE, la vida del Gobierno se complicaría hasta extremos insospechados.
Con la mosca tras la oreja de que una crisis de este tipo desemboque en convocatoria de elecciones generales -una lectura política que ya ha hecho la izquierda, y que se traduce en el abandono de importantes comisiones, como las de justicia o de educación o, en la presión por la subida de las pensiones, sacando el pacto de Toledo a las calles-, la oposición no va a desaprovechar la ocasión de intensificar sus campañas de desgaste contra Rajoy.
Hasta la fecha, y para recuperar la confianza de C's, el Gobierno ha ido aprobando medidas que en principio irían en los PGE de 2018. Ahí está la equiparación salarial, la subida del sueldo de los funcionarios, el derecho a reinvertir el superávit de los ayuntamientos, sin olvidar, haciendo más que un guiño al PNV, la renovación del Cupo Vasco, si bien éste no va incluido en PGE.
Ahora, de no mejorar los acontecimientos, el Gobierno se puede ver tramitando las Cuentas sin todavía el apoyo del PNV, y a las puertas del trámite del techo de gasto en junio. Tirar millas sin Cuentas, aunque estén prorrogados los de 2017, dificultará la legislatura en 2019, con elecciones andaluzas, posiblemente en enero, y autonómicas y municipales en primavera.
