
La Comisión Europea instó a España en sus recomendaciones más recientes dirigidas a Madrid a no superar un 2,6% de gasto. De lo contrario, tendría que realizar un ajuste de un 0,7% del PIB en 2024, casi 10.000 millones de euros. Pero Bruselas plasmó más anotaciones para el Ejecutivo español que pasaron inadvertidas en su momento. Puso el foco en seis reformas muy concretas relacionadas con la sostenibilidad de la deuda, en la ineficiencia de los ingresos fiscales, en la baja productividad, en la calidad de los activos financieros, en la escasez de vivienda y en la modernización de la Administración Pública
Puso de relieve el Ejecutivo comunitario que las vulnerabilidades macroeconómicas vinculadas a la elevada deuda pública, privada y externa están remitiendo, aunque continúan presentes. Lo que ha explicado es que los ratios de deuda han descendido en 2022 por el crecimiento del PIB nominal. Sin embargo, la reducción del endeudamiento se ralentizará este año propiciada por un empeoramiento de las perspectivas económicas y el endurecimiento de las condiciones financieras.
La Comisión Europea considera, así, que la reducción de la deuda externa dependerá de lo que suceda en los mercados energéticos y si se vuelven a producir nuevos cortes de suministro.
Además, planteó al Gobierno de España que ponga en marcha políticas complementarias de consolidación fiscal. La idea es que el envejecimiento de la población, especialmente en lo relativo al sistema sanitario y de pensiones, supondrá un reto adicional de cara a garantizar la sostenibilidad de la deuda.
En este marco, Bruselas apuntó que realizar inversiones específicas y reformas que apoyen el crecimiento apoyaría el ajuste fiscal a medio plazo y contribuiría a reducir los elevados niveles de deuda publica y privada y a mejorar la competitividad exterior.
Riesgo para la deuda a medio plazo
En un análisis detallado la Comisión Europea advirtió de que la deuda pública seguirá registrando niveles "elevados" a medio plazo. Hasta 2029 proyecta una trayectoria a la baja. Será en 2033 cuando se evidencie el problema ya que Bruselas prevé que la deuda española se sitúe en el 106% sobre PIB.
Hay margen, de todas formas, "para acciones correctivas". Pero la Comisión Europea no quiso pasar por alto que la deuda, pública y privada, representa uno de los principales riesgos para el desequilibrio de la economía española. En su análisis, considera que los niveles de endeudamiento privado, público y externo son "elevados", pese a que han experimentado un descenso en los últimos diez años.
Bajos ingresos fiscales
Se pronunció la Comisión Europea, también sobre los ingresos fiscales. Considera que son "relativamente bajos" en relación al PIB y que la recaudación vinculada al empleo es la que aporta una mayor contribución. Pese a que en 2021 los ingresos fiscales en España aumentaron un 1,4% respecto al año anterior, continúan por debajo de la media de la UE.
En su análisis consideró que el rendimiento del sistema fiscal debe ser observado en el contexto de altos niveles de déficit y deuda pública. Por lo que, de cara a incrementar los ingresos fiscales, planteó utilizar más bases imponibles a las distintas rentas del trabajo y aplicar el principio de "quien contamina paga".
Se refirió, además, el Ejecutivo comunitario a los impuestos a la propiedad, que considera "relativamente elevados" tanto en relación al PIB como a los ingresos fiscales totales, aunque los ingresos de los impuestos recurrentes sobre la propiedad se aproximan más a la media comunitaria.
Ralentización de la productividad
Arrojó luz el Ejecutivo comunitario sobre un moderado crecimiento de la productividad, como un problema endémico de la economía española. El PIB por hora trabajada creció a un ritmo más lento que en otros Estados miembro. Si bien hasta 2014 estaba alineado con la media de la UE, después de esa fecha la productividad en España decayó y comenzó a registrar niveles inferiores. Una coyuntura que responde a un bajo crecimiento en la industria.
Según el informe, si bien la minería, el sector textil, energético y de la comunicación muestran niveles de crecimiento de productividad anual por encima del 3%, otros sectores como el suministro de agua, la construcción, el transporte o los servicios alimentarios registran ratios negativos. Algo que Bruselas considera preocupante precisamente por el peso que tienen estos sectores.
Así es que planteó que una mayor integración de la economía española en el mercado único podría dar respuesta a esta falta de productividad así como elevar la competitividad empresarial. No obstante, estos bajos niveles de productividad pueden encontrar su raíz en la dificultad que tienen las pymes para escalar sus negocios.
Riesgos para la banca
En España los principales intermediarios financieros son bancos y son, básicamente, 10 grupos los que acumulan el 90% de los activos. La política de subida de tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo y los efectos de segunda ronda del alza de la inflación podrían repercutir en la calidad de tales activos, advirtió Bruselas.
La subida de tipos se dejará sentir sobre el coste medio de la deuda y, conjuntamente con el aumento de los precios, podría afectar a la capacidad de reembolso de los préstamos, en particular para aquellos segmentos más vulnerables.
Ya no es solo que el grueso de las hipotecas se hayan firmado a tipo variable, aunque con la subida del IPC se haya producido una migración al tipo fijo. Además, los préstamos respaldados por garantías estatales del Instituto de Crédito Oficial, como los concedidos durante la pandemia, se articulan como una fuente adicional de vulnerabilidad.
La Comisión Europea puso el foco en que los bancos españoles continúan teniendo menos reservas de capital que sus homólogos europeos.
Como dato positivo, el Ejecutivo comunitario señaló que las finanzas sostenibles han crecido durante 2021, con más emisiones de bonos verdes, sociables y sostenibles que duplicaron la cifra de 2020, con un volumen de 17.400 millones. Además, es el Tesoro español el mayor emisor de bonos verdes, con hasta 5.000 millones hasta septiembre de 2021.
Falta de vivienda nueva
Ya en el primer trimestre de 2021, el sector inmobiliario recobró el pulso tras el golpe de la pandemia y recuperó los niveles previos. A nivel de operaciones registró un buen comportamiento, aunque no tanto en lo relativo a la disponibilidad de vivienda. La construcción de nueva vivienda creció a un ritmo mucho más lento y no pudo atender a la demanda, ha resaltado la Comisión Europea.
Modernización de la administración pública
El envejecimiento de la fuerza laboral en este sector supera al de la media comunitaria. También observó Bruselas que la escasa contratación pública de la última década ha disparado los contratos temporales. Por lo que abogó por la modernización de estos procesos de selección.
Puso también el foco sobre el sistema judicial y los extensos tiempos para resolver casos civiles y comerciales, con una media de 888 días y convirtiéndose en el segundo país por detrás de Italia.