El Gobierno ha manifestado públicamente que tiene la intención de aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para regular el alquiler residencial antes de la disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo. La nueva norma buscaría establecer contratos con plazos más largos a los actuales y límites a los precios del alquiler, situando a España como uno de los mercados con una de las regulaciones más restrictivas de Europa.
Esta situación pone en alerta a los grandes caseros de España como el fondo Blackstone, mayor propietario de viviendas de alquiler en nuestro país o Azora, que advierten de que con todas estas medidas se va a logar un bloqueo del mercado y un encarecimiento mayor de los precios.
Según explica Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, la nueva norma no hace más que "aumentar la inseguridad jurídica en uno de los mercados más importantes de la economía" y asegura que se parará el mercado.
"El pequeño arrendador, que supone el 96 por ciento del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el RDL. Esta paralización ante la incertidumbre jurídica generada por segunda vez en tres meses supondrá que las pocas transacciones que se crucen lo hagan a un precio superior al previo a la entrada en vigor, como ya se pudo comprobar en el periodo en el que el Real Decreto no convalidado estuvo operativo", apunta el directivo.
Asimismo, Boada denuncia que "limitar las rentas a IPC durante siete años y además incluir un control de rentas de mercado y únicamente para empresas supone una sobrerregulación discriminatoria que perjudicará a miles de personas que verán reducida la oferta de alquiler disponible. Además, frena una mayor profesionalización del sector".
El directivo del fondo lamenta además que "el nuevo intento regulatorio" busque "traspasar al mercado de vivienda libre un problema que debería solucionarse a través de un mayor parque de vivienda pública o asequible".
Por su parte, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), lamenta que se aprueben regulaciones de tanta importancia "sin el suficiente análisis, debate y consenso" y considera que el contenido del Real Decreto Ley "no solventa los retos del sector". La asociación sectorial critica la forma elegida para introducir modificaciones de regulación en un sector tan sensible, a través de un Real Decreto Ley, y "en un momento de inminente finalización de la actual legislatura y a las puertas de una convocatoria electoral" y recuerda que más de 10 millones de ciudadanos viven de alquiler y más de 4 millones de familias ahorradoras tienen en el alquiler un complemento de sus rentas y pensiones.
En este sentido, Boada cree que, si se quiere modificar el marco normativo del sector, el camino correcto es tramitar un proyecto de Ley una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales.
Apuesta por España
Este martes, en el marco de un foro económico celebrado en Madrid, el responsable de Real Estate de Blackstone en Europa, James Seppala, aseguró que el fondo tiene la voluntad de seguir invirtiendo en el sector inmobiliario español.
Señaló que ciudades como Barcelona y Madrid, y sus respectivas áreas metropolitanas, son interesantes desde el punto de vista de inversión, si bien hizo hincapié en que para mantener este apuesta inversora es necesario un marco regulatorio estable.
