La aprobación del Real decreto ley (RDL) de medidas urgentes en vivienda, que incluiría iniciativas en el campo del alquiler, es inminente, o más bien sucederá en un inminente viernes. La medida, largamente acariciada por el Gobierno, ya cuenta con el aval de Podemos, y los socialistas negocian los apoyos que les faltan, en manos de PNV, PDeCAT y ERC. Solo falta este toque de gracia para que reciba luz verde del Consejo de Ministros, algo que podría ocurrir esta misma semana.
Y eso que la situación ha cambiado sensiblemente. El Ejecutivo y Podemos han acercado posturas, tanto que la formación morada ya ha tenido acceso al borrador del decreto ley y habría dado el visto bueno a los puntos contenidos en él. ¿Cuáles son estas medidas? Según recoge la agencia Efe, el borrador no incluye ninguna destinada a limitar el precio de los alquileres, aunque sí establece una mención a unos índices de referencia, que serían tanto autonómicos como estatales, para detectar en qué zonas (básicamente grandes ciudades) están más tensionados los precios y poder ayudar a marcar las políticas de cada administración.
También contempla un tope a las subidas de los precios de los alquileres acorde al IPC. De tal manera, que los alquileres no puedan subir más de lo que lo hace la inflación, una opción más adecuada, según los expertos, ya que los límites llevarían a un mercado de pisos más más viejos y caros.
Los desahucios centran las medidas
Los desahucios también figuran en el borrador. De hecho, se propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para especificar en estos casos la fecha y la hora exacta del desahucio. También se propone ampliar un mes más, hasta los tres meses, el aplazamiento de desahucio en el caso de las personas jurídicas, aunque se mantiene en un mes para las personas físicas. Además, los juzgados deberán poner en conocimiento de los servicios sociales los procedimientos de desahucio para comprobar las situaciones de vulnerabilidad.
Sobre los gastos de formalización y la gestión del contrato, el nuevo decreto contempla que estén a cargo de las personas jurídicas. Además, con respecto a la validez de los mismos, en el caso de los contratos de cinco y siete años deberán ser respetados también en el caso de no estar inscritos en el Registro de la Propiedad.
También hay novedades en cuanto al plazo de preaviso en caso de no renovar el contrato. En este sentido, pasa de un mes a cuatro para los inquilinos y de un mes a dos para los propietarios. Asimismo, en caso de los supuestos para recuperar un piso por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, además de las propias causas de necesidad, que deberán constar en el contrato, también se tendrá que especificar cuál de ellas es la que prima en el momento de la comunicación. Donde no hay novedades por el momento es el la duración de los contratos, que se mantiene en cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas.
Respaldo de vascos y catalanes
En cualquier caso, el apoyo de la formación morada no es suficiente. Los socialistas necesitan 33 votos en la Diputación Permanente para sacar adelante el decreto ley, y con Podemos no basta. El respaldo del nacionalismo vasco y el independentismo catalán son fundamentales para superar el trance, algo que ya ocurrió con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que finalmente fue vetado por ERC y PDeCAT.
Por lo pronto, según sus portavoces ninguna de estas formaciones conoce el contenido del RDL, condición sine qua non para apoyarlo. Así lo indican tanto los partidos catalanes como el PNV, que avisa de que su apoyo solo sucederá si está de acuerdo con la totalidad del texto.
No habrá medidas testimoniales
El diálogo está en marcha. Sin embargo, no hay certeza total de que se vayan sacar los apoyos adelante. De ahí que Moncloa dude en dar el visto bueno al decreto ley manera inmediata. Como dijo el lunes José Luis Ábalos, ministro de Fomento, no existe la intención de aprobar medidas "testimoniales" y que luego no vayan a poder ser convalidadas. Algo que ya sucedió con la primera versión del RDL de medidas urgentes de vivienda y que el Gobierno no quiere que se repita.
En cambio, los apoyos sí parecen estar amarrados para los RDL que se aprobarán el próximo viernes, que serán los de las medidas previstas para un Brexit sin acuerdo y de igualdad, con el que se quiere que las empresas de tamaño medio y grande hagan públicos los sueldos de sus trabajadores por niveles salariales y sexo. ¿Estará el de vivienda entre ellos? Veremos.
