Los propietarios de viviendas en alquiler, a través de Asval, advierten de la "indefensión" que están experimentando a raíz de la prórroga del escudo social contra los desahucios de familias sin alternativa habitacional y recuerdan que "un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares".
El Consejo de Ministros aprobó en la reunión de ayer una nueva prórroga de los decretos de paralización de desahucios: el RDL 37/2020 y el RDL 1/2021, aprobados originalmente el 22 de diciembre de 2020 y el 19 de enero de 2021, respectivamente.
De esta forma, se extiende hasta el 30 de septiembre la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y hasta el 30 de junio la prohibición de cortes de suministros energéticos, para ampliar la protección de los más vulnerables mediante el conocido como 'escudo social' que activó en pandemia.
Esta prórroga no ha sido bien recibida por los propietarios de pisos en alquiler. "Las medidas de paralización de desahucios, que estaban contempladas como herramientas extraordinarias en el contexto del Estado de Alarma por el coronavirus, se extienden hasta el próximo 30 de septiembre. Esto es, que la prórroga aprobada hoy concluirá un año y cuatro meses después de que estuviera previsto el fin de su vigencia", apuntan desde la asociación que engloba tanto a grandes como a pequeños propietarios.
Desde Asval apuestan por aumentar la oferta en alquiler y el parque público de vivienda
"Desde Asval insistimos en que las sucesivas prórrogas de estos decretos no son la solución al problema de accesibilidad que tenemos en España. Es necesario ampliar la oferta de vivienda en alquiler y, en especial, el parque de vivienda pública en alquiler social. Este es un aspecto en el que presentamos un claro déficit frente a nuestros vecinos europeos".
Además, advierten que esto genera una "clara desprotección a los propietarios, que en los momentos más duros de la pandemia han sabido poner de su parte sin recibir ayuda pública alguna". Asimismo, el Gobierno no prevé en el texto aprobado ayer la ampliación de las partidas presupuestarias para compensar económicamente a los propietarios por la usurpación temporal del derecho de uso.
Inseguridad jurídica
Las continuas prórrogas de estos decretos, además, "generan inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda, lo que impedirá el desarrollo de más oferta, y agravará el problema de accesibilidad. Recuerdan que "muchos de estos propietarios han sufrido impagos durante los últimos meses, y un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares", según un estudio elaborado por Asval junto a SIMA.
Asval apela al Gobierno a poner en marcha medidas que vayan a la raíz del problema, la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible.
