Economía

El Gobierno prorroga el 'escudo social' contra los desahucios y cortes energéticos

  • Hasta el 30 de septiembre no podrá haber desahucios sin alternativa habitacional
  • La prohibición de cortes en luz, agua y gas se amplía hasta el 30 de junio
  • Unidas Podemos no ha conseguido la prórroga de los contratos de alquiler
Foto: EP

El Consejo de Ministros aprobará este martes una prórroga hasta el 30 de septiembre de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y hasta el 30 de junio la prohibición de cortes de suministros energéticos, para ampliar la protección de los más vulnerables mediante el conocido como 'escudo social' que activó en pandemia.

Según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, la extensión se ha acordado durante la negociación que entablaron desde hace semanas PSOE y Unidas Podemos para prolongar ambas medidas, que expiran el próximo 28 de febrero. Para los morados ambas medidas son indispensables para garantizar que no se deja nadie atrás en la etapa de recuperación.

En materia antidesahucios, podrán acogerse también familias en situación de vulnerabilidad con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencias machistas que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello.

No obstante, Unidas Podemos no han logrado que su socio de coalición aceptara incluir en el paquete de medidas la prórroga de los contratos de alquiler.

En octubre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la anterior prórroga del escudo social que ya contemplaban estas dos medidas que vuelven a tener continuidad. Según explicó entonces el Ejecutivo, la imposibilidad de cortes de suministros energéticos es una medida de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco desarrollado para identificar y reducir el fenómeno de la pobreza energética.

Además, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para la población vulnerable viene recogida de forma permanente en la futura ley de vivienda, que debe pasar la tramitación parlamentaria de cara a su aprobación definitiva.

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