El ayuntamiento de Ámsterdam votará el próximo mes de febrero limitar la inversión en vivienda para alquilar durante al menos cuatro años para inmuebles de menos de 500.000 euros. La medida afecta al 60% del parque inmobiliario de la capital de Países Bajos. No es la única medida que tendrá que estudiar el consistorio para frenar la presión en el mercado del alquiler. Desde el municipio de Zaanstad, dentro del área metropolitana de la capital, ha pedido dar prioridad de compra a los residentes en la nueva construcción o en nuevos alquileres si se ha residido más de diez años en el mismo barrio.
La capital de Países Bajos intenta poner freno a la escalada de precios en el alquiler restringiendo la entrada a inversores al mercado. El concejal socialista Jakob Wedemeijer ha anunciado este miércoles el plan para excluir a los inversores que compren para alquilar casas de menos de 512.000 euros a través de la introducción de una obligación sobre los nuevos propietarios de vivir durante los primeros cuatro años posteriores a la adquisición.
"Es inaceptable que la gente que busca casa se vea desplazada por inversores que compran para alquilar a precios altísimos. Por eso queremos asegurarnos de que la mayor cantidad posible de viviendas sólo puedan ser compradas por personas que realmente quieran vivir en ellas. Las casas son para vivir y no para ganar dinero", explica Wedemeijer.
Si se aprueba la normativa, cualquiera que quiera comprar una casa para alquilarla tendrá que pedir permiso municipal si el precio de compra está por debajo de 512.000 euros, lo que solo se emitirá en casos de excepción. Se permitirán algunas excepciones, como el alquiler de la casa a un miembro de la familia o debido a una estancia en el extranjero de máximo un año.
En Ámsterdam, casi una de cada tres casas es propiedad de inversores privados, lo que ha hecho que en los últimos años los precios de la vivienda se hayan disparado: un comprador paga ahora de media más de medio millón de euros por una casa en la ciudad. En paralelo, se han producido subidas abusivas del precios del alquiler, con el turismo de fondo. Muchos inversores optaban por comprar viviendas para destinarlas a alquiler turístico. Antes de la pandemia, muchas normativas surgieron para frenar este fenómeno. Impuestos turísticos, límite de noches de alquiler y medidas municipales para restringir el incremento en las rentas, con impuestos a los caseros.
Durante la pandemia, el Gobierno de Mark Rutte estableció control de alquileres en el mercado libre, donde las rentas no podrán subir más de un 1%, sobre el IPC, durante los tres próximos años para los alquileres que superan los 750 euros mensuales.
A partir del 1 de enero, entrará en vigor un cambio legislativo que permitirá a los municipios de Países Bajos designar distritos y zonas donde regirá una protección de compra. Desde el municipio de Zaanstad, dentro del área metropolitana de la capital, ha pedido dar prioridad de compra a los residentes en la nueva construcción. En la capital, también estudian si hacer la petición para que en determinados barrios tengan prioridad al acceso a construcciones nuevas en régimen de alquiler los inquilinos que residan diez años.
Grandes ciudades como Utrecht, Tilburgo, La Haya o Groninga ya han dicho que se plantean estudiar o implementar las medidas necesarias para disuadir a inversores, que busquen inmuebles para sacarlos en alquiler aprovechando los altos precios.
Antes de recurrir a estas medidas, los ayuntamientos están legalmente obligados a justificar si es "necesaria" y "en qué barrios se producen efectos de desequilibrio injustos por la escasez de viviendas ocupadas por sus propietarios, que sean baratas o de precio medio".
