La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas con la intermediación inmobiliaria por fijación de precios y otras prácticas anticompetitivas. Las empresas investigadas son CDC Franquiciadora Inmobiliaria; Look & Find primera red inmobiliaria; Aplicaciones Inmovilla; Idealista; Witei Solutions; Anaconda Services and Real Estate Technologies; y Servicio Múltiple de Exclusivas Inmobiliarias (MLS).
Idealista: "No establecemos o alteramos jamás ni los precios ni las condiciones comerciales, que son libremente fijados por los anunciantes que publican sus inmuebles en nuestra base de datos sin ningún tipo de algoritmo que modifique los precios"
La CNMC ha anunciado que está investigando posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial. "El motivo es la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)", destaca la CNMC.
Aunque es cierto que, por ejemplo, Idealista no decide el precio de los inmuebles que aparecen en su portal (lo hacen los anunciantes), sí cobra por sus servicios a los profesionales del sector inmobiliario que utilizan el portal para ofrecer sus productos. Estas tarifas o comisiones pueden influir en el precio final de los inmuebles si los vendedores deciden trasladar su coste al comprador de la vivienda.
Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de prácticas anticompetitivas. El precio de la vivienda lleva años subiendo en España, un ciclo de alzas que comenzó en 2014 coincidiendo con la salida de la crisis, que azotó a la economía nacional con mayor fuerza en parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria que se había gestado años antes.
Determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible.
También estarían implicadas otras empresas que colaboran con las intermediarias
En la conducta que se analiza también habrían participado empresas activas en el mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente aquél destinado a la intermediación inmobiliaria. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.
Desde el portal inmobiliario Idealista se han defendido argumentando que "no establecen o alteran jamás ni los precios ni las condiciones comerciales, que son libremente fijados por los anunciantes que publican sus inmuebles en nuestra base de datos sin ningún tipo de algoritmo que modifique los precios". Además han asegurado que "nunca intervienen en las operaciones que se realizan a través del portal inmobiliario".
No obstante, la CNMC aclara que "las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador".
Una infracción muy grave
Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
De este modo se inicia un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación, señala la nota enviada por en organismo.
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello cuenta, entre otros, con el 'Programa de Clemencia' que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.
