En un contexto marcado por la creciente demanda de vivienda, los elevados costes de construcción y la escasez de suelo finalista, las constructoras están poniendo el foco en los proyectos residenciales basados en la colaboración público-privada para levantar vivienda. Esta fórmula, que permiten aunar recursos, compartir riesgos y mejorar la eficiencia de los proyectos, se ha convertido en uno de los ejes de actuación de las políticas del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para paliar la escasez de vivienda, especialmente la asequible.
Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) consideran que la colaboración público-privada es una herramienta clave para abordar la falta de oferta residencial que sufre el país. "Hay que reforzar este tipo de colaboración para aprovechar el potencial de nuestras constructoras, que son líderes a nivel mundial", dijo recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, quien en repetidas ocasiones ha puesto en valor la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, ya que "sin ellas no serían factibles desde el punto de vista presupuestario".
"Tenemos a las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda. No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político", decía Fernández Alén tras conocer la intención del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda.
En cuanto a los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo de las alianzas público-privadas, los expertos apuntan al entorno regulatorio y a la falta de incentivos económicos y financieros dirigidos a la oferta como principales elementos.
En este escenario, la patronal de la construcción, junto con la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y otras entidades representativas del sector de la edificación han planteado la necesidad de levantar 220.000 viviendas al año (tanto de venta como de alquiler) para paliar la falta de oferta, que podría alcanzar un déficit de 2,74 millones en 2039.
Desde la crisis financiera de 2008, el aumento de la oferta inmobiliaria no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En opinión de Fernández Alén, la situación actual dista de ser la de la burbuja financiera, cuando se concedían al año más de 900.000 visados de obra nueva, una cifra muy alejada de los 127.700 visados de dirección que se concedieron en 2024, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Una de las compañías que está desempeñado un papel destacado en proyectos residenciales impulsados por la colaboración público-privada es Grupo Sanjose, que participa en el desarrollo y construcción de más de 4.500 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, la gran apuesta del Gobierno regional para aumentar la oferta de pisos de alquiler con precios inferiores a los del mercado. En concreto, la promotora Aedas Homes adjudicó a finales del año pasado a SanJose Constructora tres proyectos que sumaban un total de 944 viviendas distribuidas en las localidades de Aranjuez, Navalcarnero y Villalbilla. Meses antes, la constructora se hizo con otras 3.600 viviendas del mencionado plan en alianza con el fondo Ares y Aedas Homes.
La firma de origen gallego también forma parte de Madrid Nuevo Norte, la operación de renovación urbana más importante de la capital española de los últimos veinte años y una de las mayores integraciones realizadas en Europa. En concreto, cuenta con un 10% del accionariado de la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), mientras que BBVA tiene un 75,5% y Merlin Properties el 14,4%.
Grupo Avintia también es otra de las compañías más activas en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, y además ha entrado en el Plan Suma Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, en 2026 iniciará las obras de 757 viviendas promovidas por Culmia para este proyecto fruto de la colaboración público-privada, distribuido en tres lotes que cuenta con una inversión de 116 millones de euros. Las viviendas están en los desarrollos urbanísticos de Los Berrocales y Ahijones y se construirán con el sistema ávita de construcción industrializada, desarrollado por Grupo Avintia.
Más allá de la colaboración público-privada, otras grandes constructoras españolas desempeñan un papel destacado en el desarrollo de vivienda. Es el caso de Acciona Inmobiliaria y FCC Construcción. La primera entregó 1.119 viviendas en 2024, frente a las 720 de 2023, lo que supone un aumento del 55,4%.
En cuanto a FCC, tiene una amplia experiencia en proyectos residenciales y una participación activa en desarrollos urbanísticos. Entre otros, participa en Los Berrocales, uno de los Desarrollos del Sureste de Madrid en el que se levantarán 5.500 viviendas, de las cuales más de la mitad dispondrán de algún tipo de protección. El área de construcción del Grupo FCC, ha llevado a cabo la construcción de todo tipo de viviendas de diversas tipologías: viviendas sociales y de promoción pública, de venta libre, unifamiliares de medio y altas prestaciones en todo el mundo.