Zaragoza
La nueva Ley de Vivienda de Aragón ha superado los primeros pasos para convertirse en realidad al recibir el visto bueno en el pleno de las Cortes de Aragón para comenzar su tramitación parlamentaria. Un paso en el que las formaciones políticas ya han fijado su posición de cara a este nuevo marco normativo que ha contado con el apoyo del PP y del PAR, así como de VOX, aunque con importantes matizaciones, y la negativa de los partidos de izquierda como PSOE, CHA, Podemos e IU. En el caso de Aragón-Teruel Existe se ha optado por la abstención.
El objetivo de esta Ley de Vivienda de Aragón es poder aumentar la oferta de vivienda en la comunidad aragonesa a precio asequible ante la demanda existente y el aumento de los precios. El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha sido el encargado de presentar este nuevo marco legal con el que se pretende favorecer la construcción de entre 12.000 y 14.000 viviendas públicas en diez años.
López ha incidido en el que el texto de esta ley es abierto y flexible, aparte de desgranar sus principales puntos. Dentro de ellos, destaca, por ejemplo, el aprovechamiento de terrenos destinados a equipamientos públicos que no se han utilizado, así como aumentar el parque público de vivienda hasta el 9%. El nuevo marco también incluye a su vez ayudas para la VPO, tanto para compradores como vendedores.
No obstante, el consejero ha matizado que el texto de esta ley es embrionario por lo que, durante su exposición, ha mostrado su disposición a hablar con el resto de fuerzas políticas durante este año con el fin de que Aragón disponga de una ley "útil".
Este texto, además de los votos a favor del PP, ha recibido los del PAR y VOX, pero ambos partidos han puesto condiciones para que finalmente la ley pueda superar la fase de tramitación parlamentaria. Entre las líneas rojas, figuran la priorización de adquisición de vivienda social.
Para españoles y con bajada de impuestos
En el caso de VOX, las condiciones han sido muy claras. Esta formación política dará el visto bueno definitivo a la ley si se da prioridad a los españoles en materia de vivienda, teniendo en cuenta el criterio de arraigo para que "los miles de aragoneses que han trabajado y pagado impuestos toda su vida" accedan a un piso y no vean "cómo se les niega el acceso a una vivienda pública que, en teoría, debería servir para garantizar el bienestar de los ciudadanos de nuestra comunidad".
"Esta Ley de Vivienda necesita una reforma integral en su planteamiento", ha afirmado Alejandro Nolasco, quien ha señalado también otra condición para el apoyo de su formación como la eliminación de "referencias ridículas" como compartir piso hasta la edad de jubilación.
Además, se aboga por una bajada de impuestos porque el proyecto de ley de vivienda no incluye ninguna medida para aliviar la carga fiscal para la compra o alquiler de pisos. En este sentido, ha explicado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se mantiene en un 8%, mientras que en otras comunidades se ha reducido. También el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) está en el 1,5% máximo permitido. Una presión fiscal de la que ha incidido que afecta sobre todo a los jóvenes sobre los que ha cuestionado cómo van a poder pagar el 8% de lo que vale el piso solo en impuestos.
Desde Vox también han mostrado críticos como los modelos de cohousing y coliving, contemplados en la ley al asegurar que les recuerdan a políticas de colectivización propias del Partido Comunista Chino, aparte de considerar que no son una solución real al problema de la vivienda.
Hacer negocio con los pisos
Los partidos de izquierda han rechazado esta Ley de Vivienda por considerar que se hace negocio con los pisos. Desde el grupo parlamentario del PSOE, su portavoz en vivienda, Beatriz Sánchez, ha puesto el foco en que este marco "prioriza el negocio de unos pocos a costa del patrimonio público y el esfuerzo de los aragoneses", aparte de señalar que se quiere favorecer a promotores y constructores en lugar de a quienes necesitan una vivienda asequible.
Entre los puntos más cuestionados por el PSOE se encuentra el hecho de poner suelo público al servicio de la promoción privada, en lugar de "fomentar el alquiler social o incrementar el parque de vivienda pública".
Para el PSOE, esta ley tampoco frena la especulación e ignora la regulación del alquiler, dejando el mercado en manos de fondos de inversión y grandes propietarios. "Dicen que los precios bajarán y los alquileres serán más asequibles si se construyen más viviendas. Pero si no hay ningún tipo de límite a los grandes tenedores, podemos construir 10.000 viviendas que llegará un fondo de inversión, las comprará y creará un monopolio que fije el precio del alquiler en Aragón porque dominará completamente la oferta", ha añadido.
Las críticas del PSOE también se han centrado en que las viviendas turísticas no se regulan, dejando su control en manos de los ayuntamientos a pesar de no tener capacidad de gestionarlas en la mayoría de los casos. Tampoco se incluyen otras opciones como las cooperativas en cesión de uso.
El grupo socialista ha denunciado a su vez la falta de compromiso del Gobierno de Aragón con el presupuesto para materia, que es insuficiente, dado que la ley contempla el 0,3% del total del gasto no financiero.
Desde Izquierda Unida, su diputado, Álvaro Sanz, también se ha mostrado muy crítico porque "es una ley de mercado de la vivienda y no del derecho a la vivienda", además de considerar que todo queda en manos del mercado. Al igual que el PSOE, Sanz ha criticado la escasez presupuestaria para un bien "de primera necesidad".
Sanz ha puesto de manifiesto que, en España se cuenta con un parque público de viviendas "ridículo", con 1.000 en Aragón, lo que dificulta dar respuesta a la demanda.
Entre otros aspectos que tampoco gustan a IU de esta ley de vivienda figuran las escasas garantías sobre la protección permanente de viviendas de protección oficial. Un ámbito en el que la formación ha indicado que el texto plantea rebajar la vigencia actual de estas protecciones desde los 30 años actuales a los 20 en promociones públicas y 10 en las privadas. "Cada año, en Aragón, se descalifican alrededor de 3.000 viviendas que pasan al mercado libre", ha indicado.
Igualmente, ha cuestionado el hecho de que no se plantee la figura del tanteo y retracto. "Es increíble que una vivienda que cuenta con una figura de protección oficial no sea adquirida cuando se descalifica por la propia administración".
Desde IU ya se ha adelantado que se presentarán enmiendas en relación con la utilización de suelos dotacionales para la construcción residencial por considerar que esta medida no debería ser la primera a desarrollar, sino más bien la última, puesto que estos suelos cumplen una función urbanística.
Desde CHA, su portavoz, Isabel Lasobras, la ley no frena la especulación inmobiliaria ni tampoco se aboga por la renovación de barrios degradados, aparte de incluir otras deficiencias con las que el nuevo marco no garantiza el acceso a una vivienda digna.
Finalmente, desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha puesto el foco en la vivienda en los pueblos, lo que es un problema "estructural" que se debe solucionar. Además, ha indicado que, precisamente, en los municipios no existen alternativas habitacionales.