Barcelona
Las políticas de vivienda centran (al fin) el debate público. Y las propuestas no solo emanan de los partidos políticos, sino también del propio sector inmobiliario y social. El think tank ViSO ha presentado este jueves en Madrid una batería de medidas para alcanzar 1.822.000 viviendas sociales y asequibles en España en 10 años. La inversión requerida para el plan sería de 250.000 millones de euros, combinando recursos públicos y privados.
Fundado en 2023, ViSO es un grupo multidisciplinar de expertos impulsado por Ingeus-Daleph y dirigido por Albert Sala y Paco Campos. Sus integrantes representan distintos actores de la cadena de valor del sector inmobiliario: Alejandra Mora, Cristina Monge, Javier Burón, Phil Miles, Mª Dolors Roca y Gregori Cascante.
El diagnóstico de partida no puede ser más preocupante. Mientras el problema de la asequibilidad afecta al 20,8% de los hogares, España cuenta hoy con un parque de 300.000 viviendas sociales, por debajo de las necesidades reales de la población.
Para que España se pusiera al nivel de los países de su entorno, se debería alcanzar una dotación de unos 4 millones de viviendas públicas. Aunque a la vista del presupuestario actual parece una meta lejana. La inversión pública en vivienda solo supone un 0,15% del PIB, frente al 7,8% y el 4,9% destinados a sanidad y educación, respectivamente.
Modelo de "corresponsabilidad"
ViSO calcula que son necesarias 1,82 millones de viviendas en la próxima década. Este volumen se desglosa en 332.000 viviendas sociales (el 18,2%) y 1.490.000 viviendas asequibles (el 81,8%).
El equipo de especialistas distingue entre ambas modalidades en función del grado de intervención pública y el desarrollo de servicios integrados de acompañamiento sociolaboral.
Estas unidades se destinarían a familias con cuotas de esfuerzo superiores al 30% de sus ingresos. Pero se les exigiría una "corresponsabilidad", es decir, un esfuerzo por dejar atrás su difícil situación personal.
Gestoras de alquiler
ViSO propone medidas sobre la mesa tanto a corto y medio como a largo plazo para ensanchar el parque público residencial. Entre otras, plantea lanzar desde las comunidades autónomas una oferta pública de compra (OPCV) de propiedades en manos de grandes tenedores, como fondos de inversión y entidades financieras; transformar edificaciones públicas en desuso, y también incentivar la cesión temporal de viviendas deterioridades (CTV) a cambio de unos ingresos y bonificaciones fiscales.
En una etapa posterior, se exigiría a las administraciones que no solo adquirieran vivienda ya construida sino que desarrollaran nuevas promociones mediante distintas fórmulas. Si se hiciera de la mano de los privados, el capital no debería ser especulativo pero debería garantizar un retorno económico para asegurar la calidad y la sostenibilidad del sistema.
Por último, el think tank sugiere que la mejor forma para gestionar estos inmuebles sería la creación de entidades gestoras de alquiler asequible y social (GAAS). Se trata de organizaciones con ánimo de lucro que operan siguiendo un modelo ajustado a fines sociales.
Inversión público-privada
Para alcanzar el objetivo de 1,82 millones de viviendas se calcula una inversión de 250.000 millones de euros, equiparable al 18% del PIB español, que no podrá proceder solo de las arcas del Estado.
ViSO desciende al detalle de este gasto y, por ejemplo, estima que la creación de 772.000 viviendas mediante la colaboración público-privada supondría 108.000 millones. Asimismo, la compra de vivienda vacía (se calcula que 506.000 unidades) costaría unos 76.000 millones, mientras que la cesión de vivienda acarrería un desembolso de 3.500 millones para hacerse con unas 117.000 unidades.
Paco Campos, consejero delegado y socio fundador de WeRent, apunta que "el plan identifica diversos mecanismos que permiten la entrada de capital privado sin desvirtuar el propósito social, para garantizar una distribución y asignación eficiente de las viviendas, gestionando recursos públicos y privados de forma colaborativa y estructurada".
