Barcelona
Cuando aún no se ha asentado la polvareda por la polémica compra de la Casa Orsola, el Ayuntamiento de Barcelona afronta otra patata caliente vinculada con su política de vivienda. Desde la oposición municipal se acusa al equipo de gobierno del PSC de perdonar multas por incumplir la reserva de VPO, que obliga a construir un 30% de viviendas protegidas en cualquier promoción en la capital.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha negado este lunes esta acusación y ha asegurado que "todos los expedientes siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción". Además, ha concretado que hay nueve casos abiertos detectados en una macroinspección realizada en 2022 sobre 2.500 actuaciones.
Las explicaciones de Bonet llegan después de que el diario Ara avanzara que el gobierno municipal habría renunciado a multar a cinco promotores en septiembre de 2023, tan solo tres meses después de que Jaume Collboni consiguiera la vara de mando.
En concreto, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) archivó cinco expedientes sancionadores que ya se habían incoado. También dio carpetazo al resto de expedientes abiertos aunque en fases más iniciales. Bonet ha justificado el archivo por el vencimiento de los plazos administrativos.
"Este gobierno tiene la firme voluntad de hacer cumplir la normativa vigente del 30%", ha declarado la número dos del alcalde. "Lo hemos estado haciendo no solo con los casos abiertos, sino a diario a través de un protocolo que no permite incluso anticiparnos y evitar posibles intenciones de incumplir esta norma en la ciudad", ha añadido.
Hace unas semanas, Collboni abrió la puerta a una modificación de la reserva del 30% antes del verano. La medida, heredada de la etapa de Ada Colau, ha paralizado la construcción en Barcelona y, por ende, tampoco ha incentivado la construcción de más pisos protegidos.
