Zaragoza
Tras la puesta en marcha de la oficina contra la ocupación ilegal, Zaragoza da nuevos pasos para frenar la entrada y asentamiento de intrusos en inmuebles con la próxima aprobación de un protocolo antiokupación dentro del que se establecerán una serie de pautas y directrices para que la Policía Local pueda intervenir en estas situaciones.
Este protocolo, al que se dará el visto bueno en el próximo Gobierno de Aragón, recoge una serie de criterios propios para que la Policía Local actúe frente a la okupación, que se basan en la instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2020, así como en artículos de la Constitución Española en los que se garantiza la seguridad privada, el derecho a la libertad, a la seguridad y a la inviolabilidad del domicilio.
El protocolo abre las puertas a que la Policía Local pueda detener a los okupas en aquellos casos en los que haya violencia o intimidación y se podrá proceder al desalojo cuando los hechos puedan acreditarse como flagrante delito. Es decir, cuando los agentes presencien de forma directa los hechos, el acceso al inmueble y la introducción de utensilios para realizar una okupación de carácter permanente.
También se podrá proceder al desalojo cuando los vecinos o testigos avisen de que hay personas que han entrado en el inmueble por la fuerza con acciones como, por ejemplo, rompiendo la puerta o la ventana, así como en aquellas situaciones en las que se reciba el aviso de una central de alarmas al activarse la señal de intrusión en el inmueble.
El desalojo será posible a su vez si el vigilante de una empresa de seguridad privada o conserje del edificio contratados por los dueños del inmueble avisen de la okupación de la vivienda. Aparte, se podrá actuar ante cualquier otra vía de comunicación para indicar que los hechos están sucediendo en ese instante o bien en momentos anteriores.
La Policía Local tendrá autoridad además para identificar a las personas ocupantes del inmueble, solicitando el título, contrato o autorización para acceder al mismo y usarlo. También podrán identificar a la persona titular del derecho con el fin de informarla de la conveniencia de denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Autoridad Judicial.
Dentro de la identificación, podrán hacer lo propio con los testigos que hayan presenciado los hechos, aparte de inspeccionar de forma ocular los posibles daños ocasionados en el inmueble y comprobar con los medios más idóneos que se trata del domicilio de otra persona diferente al ocupante y que el titular no quiere que esté allí.
Si hay menores o personas especialmente vulnerables en la okupación, se deberá poner en conocimiento de los servicios sociales. En los casos en que existan indicios de la existencia de organización o grupo criminal cometiendo estas actuaciones, deberán plasmarlo en el atestado policial. Otras funciones pasan por informar al titular de la necesidad de adoptar medidas de seguridad para asegurar el inmueble si es desalojado.
Más de 300 consultas
El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha atendido 340 asuntos en tres años. Según los últimos datos recabados por esta oficina, puesta en marcha en 2021, el 36,4% de los casos se han localizado en Las Delicias, seguido del 18% en Casco Histórico y el 9% en Oliver-Valdefierro.