La medida del Gobierno que quiere acabar con el régimen de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) en España pone en riesgo más de la mitad del total de la inversión inmobiliaria que se mueve en el país, ya que como advierten los principales agentes del mercado, "un cambio de este tipo ahuyentará al capital internacional".
Concretamente, la inversión extranjera supone de media el 61% del volumen total transaccionado en el sector inmobiliario desde 2014, según los datos de la consultora Savills. En lo que llevamos de año, este porcentaje se encuentra en ratios algo menores, ya que de los casi 9.000 millones invertidos hasta la fecha en ladrillo, un 40% es capital internacional. Es decir, los inversores foráneos han invertido 3.533 millones de euros en España.
Además, el anuncio de esta medida llega en un momento dulce para el sector a nivel global, que estaba recuperando la actividad inversora tras un 2023 en el que los mercados se quedaron congelados por la subida de los tipos. La consultora estima que la actividad en los 16 principales mercados de inversión inmobiliaria a nivel mundial alcance los 747.000 millones de dólares este año, un 7% más que en 2023. Asimismo, Savills espera que la inversión se acerque al billón de euros con un aumento del 25% en 2025.
Pero este cambio en el régimen de las socimis no solo puede afectar a la inversión futura, también a la que ya se ha realizado en el sector por parte de estos vehículos que suman una capitalización de algo más de 24.000 millones de euros entre más de 124 sociedades.
De hecho, las dos grandes socimis de este país, Merlin y Colonial, que cotizan en el Ibex35, ya han dejado claro que en caso de que se apruebe esta medida valorarán llevarse las sedes fuera de España.
En este sentido, la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) advierte de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.
"Creemos que el Gobierno debe reconsiderar este cambio en el sistema tributario para no poner en jaque un camino de años y de éxito en el progreso de las socimis en nuestro país. Esta decisión podría llevar a que estas sociedades busquen otros destinos fuera de España donde cotizar y promover nuevos activos", señala el presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá.
"Territorio prohibido para la inversión internacional"
Merlin explica que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y denuncia que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo "suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi". "Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española", dice la compañía dirigida por Ismael Clemente, que critica que se esté utilizando reiteradamente como argumento una vinculación entre las socimi y la vivienda.
En la misma línea, el presidente de Colonial, Juan José Brugera, denunció que la intención de eliminar el régimen de las socimis en España "es muy grave" y lamentó que si esta medida se materializa, convertirá a España en "territorio prohibido" para la inversión internacional. "Los cambios que proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional", destacó el directivo. En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.