Barcelona
El Govern sigue dando pasos en materia de vivienda. Dos semanas después de que el presidente Salvador Illa anunciara intención de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, el ejecutivo autonómico ha aprobado un nuevo plan de ordenación territorial para lograr que todos los municipios de Cataluña tengan como mínimo un 15% de pisos protegidos, conocidos por las siglas VPO.
Este plan territorial sectorial de vivienda, un instrumento incorporado a la ley autonómica de vivienda de 2007 que hasta ahora no se había materializado, se desplegará en los próximos 20 años y, en una fase inicial, solo se aplicará en las primeras 140 localidades declaradas zonas tensas de alquiler, donde reside el 80% de la población catalana. De momento, los otros 131 municipios con control de rentas no formarán parte de esta hoja de ruta.
Para alcanzar esta meta, el Govern obligará a reservar el 50% del nuevo suelo residencial a vivienda de protección oficial. En el caso del suelo urbano no consolidado, el de los nuevos barrios que se están levantando en algunas ciudades, se deberá reservar el 40%, con posibilidad de reducir este porcentaje hasta el 30% si fuera necesario para garantizar la viabilidad económica de las promociones.
Una vez se publique el plan en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, los ayuntamientos tendrán un año para censar todas las VPO que formen parte de su parque público. Además, se fijará un periodo de dos años para adaptar los planes de vivienda locales al plan territorial sectorial de vivienda.
Plan de choque
Esta nueva iniciativa se suma a la batería de medidas del gobierno del PSC para afrontar las dificultades en el acceso a la vivienda. Este problema es especialmente grave en Barcelona. Según el último Barómetro del Alquiler, la demanda de alquiler en la Ciudad Condal durante el segundo trimestre del año se ha multiplicado por tres a la vez que han seguido aumentando los precios.
En total, el plan de choque del Govern movilizará casi 6.000 millones de euros no solo en la construcción de VPO, sino también en ayudas a la emancipación y el pago de arrendamientos y en la adquisición de viviendas de segunda mano.
Además, se acortará el papeleo para los operadores a la mitad mediante la creación de una licencia básica. Es decir: todos los trámites para construir vivienda pasarán de 100 a 50 meses.
Por otro lado, el ejecutivo autonómico ha anunciado la creación de una reserva de suelo público que concentrará los solares de equipamientos de toda la comunidad aptos para edificar vivienda. Esta reserva podrá incluir fondos de titularidad estatal y su primera convocatoria se abrirá en febrero de 2025.
Esta panoplia de medidas se podría complementar en la próxima ley de acompañamiento de presupuestos, actualmente bajo negociación, con un régimen sancionador que vele por el cumplimiento de la regulación autonómica. "La ley de acompañamiento nos permite una inmediatez en la aprobación que una tramitación parlamentaria no tiene", declaró esta semana la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que calificó como "urgente" esta medida.