Uno de los destinos turísticos por excelencia de España quiere cortar de raíz el problema de la vivienda que afronta desde hace años. Así lo dejó claro la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante su discurso en el Debate de Política General, donde garantizó viviendas para todos los residentes, y ha reafirmado este mismo lunes con la presentación del nuevo programa Alquiler Seguro (Lloguer segur), una iniciativa que promete revolucionar el mercado con la oferta de inmuebles que actualmente están vacíos o en desuso a precios accesibles.
En una rueda de prensa, la líder del Govern, acompañada del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha explicado que esta iniciativa contará en una primera fase con unas 2.000 o 3.000 viviendas que espera que sean ofrecidas ya este mismo año en régimen de alquiler a ciudadanos con un mínimo de cinco años de residencia en las Illes Balears y a unos precios accesibles, esto es, hasta un 30% por debajo del precio del mercado libre.
Esta cuantía dependerá de la isla en la que se encuentren los inmuebles: en Mallorca y Menorca ascenderá a un máximo de 1.050 euros al mes, mientras que en Ibiza y Formentera el precio máximo será de 1.470 euros.
Mediante este plan, el Govern empezará a captar a partir de noviembre viviendas vacías a pequeños propietarios particulares, no grandes tenedores, y garantizará a estos propietarios el cobro de las cuotas de alquiler y la devolución de los inmuebles en el mismo buen estado de su cesión.
"Con este programa queremos romper la barrera que frena a muchos propietarios de pisos vacíos que, como nos dicen los agentes de la propiedad inmobiliaria, prefieren tener la vivienda vacía por miedo a impagos, desperfectos o malas experiencias", ha manifestado la presidenta durante la presentación.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico garantiza un contrato de alquiler de siete años y varias modalidades de adelanto del cobro: cada mes, cobro anticipado del año en curso o pago anticipado de los 7 años de duración del contrato de alquiler de estas viviendas por parte de la administración. Este último caso tendrá un número limitado sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Además, los propietarios podrán aplicarse importantes desgravaciones fiscales en su declaración de la Renta, mediante la reducción del 70% establecida en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (art. 23.2.b. 2°).
El Govern asumirá el 30% del precio
En lo que respecta al precio, el Govern fijará una cuantía máxima de alquiler, que deberá ser validada por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Illes Balears (COAPI). Ese precio será abonado a los propietarios y estará adaptado a la realidad de cada isla: hasta 1.500 euros en Mallorca y Menorca y hasta 2.100 en Ibiza y Formentera.
Por su parte, los inquilinos pagarán un precio un 30% inferior al tasado, cantidad que será asumida por el Govern. Así, una vez aplicada la reducción del 30%, los precios máximos que afrontarán los inquilinos serán de 1.050 euros en Mallorca y Menorca y de 1.470 euros en las Pitiusas. El coste estimado del programa es de 12 millones de euros anuales.
Como ejemplos de la reducción del 30% en el precio del alquiler, en el caso de un precio a abonar por la CAIB a los propietarios de 850 euros, la reducción del 30% sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 595 euros. En el caso de un precio de 1.000 euros que percibirán los propietarios, la reducción del 30% sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 700 euros, y si se trata de un precio tasado en 1.200 euros, la reducción sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 840 euros.
Requisitos para propietarios
El Govern ha fijado una serie de requisitos tanto para los propietarios como para los inquilinos que quieran formar parte de este nuevo programa 'Alquiler Seguro'. Entre las condiciones para los propietarios de las viviendas, se establece que no tengan la condición de gran tenedor; solo podrán acogerse viviendas que se encuentren vacías desde hace seis meses o más, o que no figure ninguna persona empadronada en la vivienda desde hace un año; las viviendas deberán tener una antigüedad de construcción de tres años o más y presentar un buen estado de limpieza y mantenimiento que permita la entrada inmediata.
Además, las viviendas deben estar situadas en las Illes Balears, no pueden estar sometidas a limitaciones que impidan su arrendamiento, deben tener contratados los suministros de agua y electricidad, con cocina y baño correctamente dotados y con el equipamiento básico, deben disponer de certificado de eficiencia energética vigente y la instalación eléctrica debe cumplir los requisitos según la normativa vigente.
Los propietarios asumirán el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las tasas de entrada de vehículos, en su caso, y las cuotas de comunidad; y en caso de una vivienda amueblada y/o con enseres, el coste de posibles reparaciones y del mantenimiento que no sean imputables al inquilino particular. También se establece como requisito que no tengan deudas con la comunidad.
Límite de renta para los inquilinos
Entre otros requisitos para el inquilino, además de la residencia de más de cinco años en Baleares, también se establece que las viviendas deberán ser la habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato, por lo que no podrá destinar esta vivienda a otro uso, tal como el alquiler turístico. Los inquilinos no podrán subarrendar las viviendas y asumirán los gastos de los servicios y suministros individualizados, las pequeñas reparaciones por uso ordinario y la tasa de residuos (incineradora).
Para poder ser beneficiario de estas viviendas, se establecen unos límites de ingresos de renta de los inquilinos; deberán empadronarse en la vivienda alquilada y se exigirá la misma o casi idéntica documentación que en el caso de un alquiler particular (contrato de trabajo, aval, IRPF de años anteriores, etc.) y el pago de la fianza (una mensualidad).
Este límite de ingresos ampliado, tal y como se aplica en el programa 'Garantía hipoteca IBAVI' de ayuda para acceder a una hipoteca de compra de vivienda, permitirá optar a las viviendas del programa 'Alquiler seguro' a personas con un máximo de ingresos anuales de 6,5 veces el IPREM ponderado: actualmente 60.667 euros para un inquilino y 68.250 euros para dos inquilinos.
Entre las condiciones para los inquilinos, también se establecerá contractualmente la obligación, al finalizar el alquiler, de devolver al propietario la vivienda en las mismas condiciones en las que se recibió el inmueble. Como norma general, los arrendatarios no podrán ser propietarios ni titulares de un derecho real de uso y/o disfrute de una vivienda en la isla donde se desea alquilar la vivienda. El arrendatario no podrá tener parentesco hasta tercer grado con el propietario.
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