Nuevo proyecto de Vía Ágora. La promotora inmobiliaria va a construir 454 vivienda protegidas en régimen de alquiler en Valdebebas (Madrid) transformando oficinas en viviendas. Será la primera compañía del sector que recurre al cambio de usos en la capital española, en vigor desde el pasado mes de junio. La inversión total alcanza los 70 millones de euros.
En concreto, Vía Ágora ha adquirido dos parcelas de uso terciario, ubicadas en la avenida José Antonio Corrales, de las que dispone el derecho de superficie durante un plazo de 78 años. Dichos terrenos tienen una superficie de 9.164 m2 y una edificabilidad de 31.286 m2. La operación ha contado con el asesoramiento de Colliers.
"Nos enfrentamos a un grave problema de acceso a la vivienda. Con la aprobación de esta ley por parte de la Comunidad de Madrid y la apuesta del Ayuntamiento, facilitamos nuevas fórmulas que ayudan a paliar el desequilibrio existente entre oferta y demanda, especialmente en aquellas zonas donde la presión de los precios es mayor, como sucede en nuestra capital. Con esta operación, Vía Ágora ratifica su compromiso de poner en el mercado un mayor número de vivienda asequible, facilitando su accesibilidad", ha destacado Patricia Hernández, CEO de Vía Ágora. Las viviendas dispondrán de 1,2 y 3 dormitorios.
El pasado mes de junio, la Asamblea de Madrid aprobó el proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, que permite, entre otras cuestiones, la transformación de oficinas en miles de pisos de alquiler a precio asequible. La iniciativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene como objetivo "el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños". El Ejecutivo madrileño estima que dicha ley pueda liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevos pisos en diversos municipios de la región.
Así, el texto establece concretamente una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario (destinado a oficinas) a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esto será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento.
En su lugar se podrá realizar mediante licencia. Para ello, los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de sigan adelante se habilita un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura. Además, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.