Madrid
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para los jóvenes en España. Según el informe de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, titulado "España no es un país para jóvenes", los datos apuntan a un retroceso alarmante en la capacidad de los jóvenes para adquirir una vivienda, un fenómeno que no solo afecta su independencia, sino que también los empobrece de manera significativa. Uno de los datos más reveladores del estudio es que la tasa de propiedad de vivienda entre los hogares jóvenes ha disminuido un 37,5% en los últimos años.
La proporción de jóvenes propietarios de vivienda en España ronda el 17,5%, una cifra comparable a la de países como Francia e Italia, y algo superior a la de Alemania. A pesar de que este dato pueda parecer moderadamente positivo, esconde una realidad preocupante: el acceso a la propiedad entre los jóvenes ha caído de manera notable en las últimas décadas, y el hecho de que España esté alineada con otros países europeos no reduce la gravedad de la situación. La diferencia principal radica en que, en otros países, el mercado de alquiler está más desarrollado y accesible, ofreciendo una alternativa viable para los jóvenes que no pueden o no desean adquirir una vivienda en propiedad.
Este informe, basado en cifras de la OCDE, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros organismos que miden indicadores sociales y económicos clave, revela la profundidad de esta crisis habitacional y sus graves consecuencias para las generaciones más jóvenes.
El empobrecimiento de los jóvenes también se refleja en su creciente dependencia del hogar familiar. De acuerdo con los datos del informe, el 65,9% de los jóvenes entre 18 y 34 años todavía reside con sus padres, un aumento de 13 puntos porcentuales desde 2008 y 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea (UE). Este retraso en la emancipación no solo es un indicador de la precariedad económica de los jóvenes, sino también una manifestación del impacto que la crisis inmobiliaria está teniendo en su autonomía y calidad de vida.
Hogares en alquiler
Otro aspecto preocupante es el bajo porcentaje de jóvenes que residen en viviendas de alquiler en España. Solo un 12,5% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años vive en alquiler, una cifra muy inferior a la de otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, el 52,5% de los jóvenes reside en alquiler, mientras que en Francia este porcentaje es del 35,5%, y en el conjunto de la UE-27 se sitúa en el 20%. Esta diferencia refleja no solo la preferencia tradicional de los españoles por la vivienda en propiedad, sino también la escasez de opciones asequibles y accesibles para los jóvenes en el mercado de alquiler.
El alto coste de las viviendas, sumado a los bajos salarios y la precariedad laboral que caracteriza a gran parte de la población joven, dificulta tanto la adquisición de una vivienda en propiedad como el acceso a un alquiler digno. Esto genera un círculo vicioso en el que los jóvenes no pueden emanciparse, ni formar su propio hogar, perpetuando la desigualdad intergeneracional y limitando sus oportunidades de progreso económico.
Otro dato destacado es la significativa reducción de la deuda hipotecaria de los hogares jóvenes para la adquisición de vivienda principal. A primera vista, podría parecer un dato positivo, ya que refleja una menor carga financiera sobre este colectivo. Sin embargo, el informe señala que esta disminución se debe, en realidad, a la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a la propiedad, lo que les impide siquiera contraer hipotecas. En otras palabras, no es que los jóvenes estén reduciendo su endeudamiento por decisión propia, sino que simplemente no tienen la capacidad económica para comprar una vivienda.
El problema del acceso a la vivienda no solo afecta a los jóvenes a nivel individual, sino que tiene repercusiones más amplias en la economía y en la estructura social del país. El retraso en la emancipación y la creación de hogares independientes tiene un impacto directo en la natalidad, el consumo y el crecimiento económico. Además, limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes, quienes se ven obligados a posponer decisiones cruciales como formar una familia, invertir en su futuro o desarrollar un proyecto de vida estable.
Según el Informe Mundial de la Felicidad 2024, el acceso a la vivienda es un factor determinante en el bienestar general de las personas, y la dificultad de los jóvenes para lograrlo está contribuyendo a una mayor insatisfacción y precariedad emocional en esta generación. La carencia de recursos para acceder a una vivienda digna es, además, uno de los factores que incrementa la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social, afectando de manera más aguda a los jóvenes, quienes ya se enfrentan a un mercado laboral inestable y salarios insuficientes.
¿Paradigma alemán?
El informe de la conultora resalta también que en la Unión Europea, Alemania fue uno de los primeros países en implementar medidas para controlar el precio del alquiler, con la aprobación en 2015 de la ley conocida como "freno al precio del alquiler". Esta normativa establece que, en áreas donde el Gobierno del Lander considere que el mercado inmobiliario está tensionado, los propietarios no pueden aumentar los alquileres más de un 10% por encima de la media de la zona. Berlín ha sido uno de los principales ejemplos utilizados para evaluar los efectos de esta legislación, y los resultados, lejos de ser alentadores, muestran que las medidas han generado importantes distorsiones en el mercado de alquiler. En lugar de contener los precios, la regulación ha reducido la oferta de viviendas y ha incrementado la presión sobre el mercado libre, lo que ha resultado en una subida generalizada de los alquileres.
La consultora asimismo destaca que el problema de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes en España se debe a la restricción de suelo impuesta por las administraciones y la legislación actual sobre alquileres, lo que reduce la oferta y encarece tanto la vivienda en propiedad como en alquiler. Para solucionar esto, se propone flexibilizar los contratos de alquiler, permitiendo libertad de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios, y agilizar los procesos de desahucio en caso de impago o ocupación ilegal. Además, se recomienda eliminar las penalizaciones a los grandes tenedores de viviendas para incentivar la inversión en el sector inmobiliario.