"Suponía otro ataque a los arrendadores y se iba a cargar el alquiler de temporada y de habitaciones". Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) celebran el giro inesperado ocurrido el pasado martes en el Congreso de los Diputados, cuando Junts tumbó por sorpresa la proposición de ley para reformar los alquileres de temporada y habitaciones. Precisamente, recuerdan que la votación dependió de un partido que "vota según le convenga y no de forma racional con su ideología". Además, desde la compañía están convencidos de que las medidas intervencionistas que el Gobierno ha puesto en marcha (con lay ley de vivienda como máximo exponente) y que ahora los socios quieren extender, terminarán espantando a los propietarios del mercado.
"Creen que con propuestas de este tipo los arrendadores van a volver otra vez al alquiler tradicional. Nosotros no lo entendemos así, porque estamos viendo que con tanta intervención los arrendadores se están cansado de este excesivo intervencionismo y muchos se están yendo hacia la compraventa y no vuelven al alquiler de larga estancia", añaden desde la firma.
En concreto, la proposición de ley impulsada por organizaciones sociales e inquilinos consistía en reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así "desincentivar su uso", y evitar fraudes que permitan sortear la controvertida ley de vivienda o subir el precio de las rentas de "manera continuada". Para dar más garantías, la proposición incluía a los contratos de temporada en el artículo dos de la ley, que es donde se regula el arrendamiento de vivienda habitual y garantiza una mayor protección a los alquileres.
Otro de los cambios afectaba al contrato de temporada, que no podía exceder los seis meses. Si se superaba ese límite o se encadenaban más de dos contratos consecutivos, se entendería como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos. Según la ANA, este límite máximo "era una barbaridad porque en muchas ocasiones la propia temporalidad exige periodos de tiempo mayores. Por lo cual la presunción que establece la propuesta de que si se sobrepasan los seis meses, los arrendamientos se considerarían de larga estancia, es incongruente".
Además, la propuesta establecía que en los contratos temporales el arrendatario podría desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hubiera transcurrido al menos un mes desde su formalización, comunicándolo al arrendador con diez días de antelación, sin que en ningún caso dé derecho a indemnización.
Cambio de estrategia
La propuesta no salió adelante debido a un cambio de última hora de Junts, que se sumó a a PP, Vox y UPN para tumbar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley los socios a la izquierda del PSOE. Fuentes del grupo independentista justificaron después su cambio de posición alegando que, si de ellos dependía, como finalmente iba a suceder, no podían dejar pasar una norma que consideran una "chapuza", que invade las competencias de Cataluña en materia de vivienda, no soluciona la problemática en este sector, no aporta seguridad jurídica y pone en riesgo a la industria del alquiler de habitaciones.
El Gobierno prepara un nuevo reglamento
Tras elLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha comprometido a desarrollar antes de terminar 2025 un reglamento que sirva para limitar el alquiler de temporada después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran en el Congreso una proposición de ley de los socios a la izquierda del PSOE para este mismo fin. La ministra ha asegurado en los pasillos del Congreso que dicho reglamento se está desarrollando "en coherencia con la normativa europea" para dar "garantías, seguridad y transparencia".
La ministra Rodríguez ha recordado que el Gobierno está trabajando en una plataforma única de contratos temporales, de alojamientos turísticos y de habitaciones accesible para las administraciones competentes para combatir su uso fraudulento. "Lo vamos a hacer apoyándonos, para dar tranquilidad y seguridad jurídica, en instituciones tan valoradas en nuestro país como el Colegio de los Registradores y también el Consejo General de la Notaría", ha dicho. Sobre los plazos del reglamento, Rodríguez detalló que de momento se está trabajando en el seno del ministerio y en coordinación con el de Industria y Turismo, con un plazo límite de finales de 2026 y el compromiso de elaborarlo antes de finales 2025, aunque confía en que esté listo antes.
