Zaragoza
El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles iniciar los trámites para elaborar la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas. Este documento tiene como objetivo establecer como uso compatible de los suelos dotacionales el destinado a la construcción de viviendas públicas.
Previamente a esta aprobación y de manera preceptiva, se ha reunido la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, al ser el órgano encargado de elevar al Gobierno de Aragón la propuesta de inicio de la tramitación de la directriz.
Cursada la propuesta, el Consejo de Gobierno ha encargado al Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística la elaboración de la citada directriz, que una vez redactada será publicada en el Boletín Oficial de Aragón para ser sometida a exposición pública durante dos meses.
La pasada semana, antes del inicio de la tramitación, el consejero Octavio López anunció en la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón su intención de poner en marcha esta directriz, al objeto de aprovechar parte de los suelos dotacionales para la construcción de viviendas públicas y contribuir, con ello, a dar solución al problema de acceso a la vivienda que afecta sobre todo a los jóvenes, lastrados por los altos precios de compra y alquiler y con dificultades para acceder a la financiación necesaria para adquirir un vivienda.
Los suelos dotacionales sobre los que se prevé la edificación de vivienda fueron reservados en su día para equipamientos públicos que hoy ya no son necesarios, siendo pertinente la constatación y la autorización de los departamentos a cuya materia estaban destinados: Educación, Sanidad y Bienestar Social. Asimismo, quedan fuera los suelos destinados a espacios libres y a zonas verdes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística, Octavio López, ha explicado que esta directriz es una acción instrumental para llevar a término el plan de impulso a la vivienda del Ejecutivo, que "trasciende la legislatura", al tener una vigencia de seis años.
Ha aseverado que "la apuesta por la vivienda pública no va a tener parangón en toda la historia de la Comunidad" porque la situación social es "muy grave", con 47.000 jóvenes, 30.000 de ellos residentes en la ciudad de Zaragoza, que "no se emancipan, lo que provoca una desestructuración social" y afecciones a la salud mental y la natalidad.
