Barcelona
La Generalitat de Cataluña prevé dar un giro radical a su política patrimonial de edificios administrativos tras la venta masiva de inmuebles en el área de Barcelona que realizó en la crisis de 2008, y ha ideado un plan hasta 2038 para volver a ser propietaria de la mayoría de sus oficinas.
Lo aplicará en un periodo de 14 años en el que vencen contratos de alquiler que supondrán reubicar a más de la mitad de la plantilla de la administración catalana en el área de Barcelona, casi 11.000 (2.700 de ellos hasta 2027) sobre un total de unos 20.000 trabajadores que a día de hoy se reparten por 109 inmuebles.
La primera actuación será la compra de la mayoría de una nueva torre de oficinas que se construirá junto a la ampliación del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, de 25.000 metros cuadrados y en la que la Generalitat invertirá 68 millones para ubicar a 1.200 trabajadores. Será la Torre Nova, impulsada por la empresa pública Fira 2000 (que seguirá como dueña de la parte del edificio que no adquiera la Generalitat).
La nueva estrategia patrimonial de la administración autonómica incluirá la construcción de más edificios sobre suelo de equipamientos de su propiedad (todavía no desvelados), hasta levantar 145.000 metros cuadrados que acogerán a 10.000 personas.
También realizará la rehabilitación total de inmuebles que suman 35.000 metros cuadrados para 1.300 personas (ya está en marcha la reforma de la Torre Muñoz en Diagonal con Paseo de Gracia); optimizará 47.000 metros cuadrados de inmuebles en propiedad para acoger a 1.200 personas más, y optimizará 59.000 metros cuadrados de inmuebles en alquiler para ubicar a 800 trabajadores más.
El Ejecutivo catalán afirma que la recuperación de la inversión vinculada a estas actuaciones se logrará en menos de una década en la mayoría de operaciones (siete años en el caso de la nueva construcción), y que en 22 años (entre 2024 y 2046), cada euro invertido tendrá un retorno de 1,98 euros.
La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha justificado que la venta de 40 inmuebles de la Generalitat entre 2012 y 2014 en el área de Barcelona respondió a la necesidad de "ingresos extraordinarios en una situación de extrema necesidad" para las finanzas públicas catalanas, lo que ha conllevado una "gestión compleja, riesgos e ineficiencias" porque el coste del alquiler está sujeto a los cambios en el mercado inmobiliario, acaban contratos y sufren cláusulas de rescisión anticipada que dificultan mantener ubicaciones estables, y se complica realizar intervenciones de mantenimiento y mejora en oficinas que no son de propiedad.
De todas formas, el director general de Patrimonio, Josep Maria Aguirre, ha indicado que el plan de concentración de trabajadores en nuevas ubicaciones alejadas del centro de Barcelona que siguió a la venta de inmuebles, con el Distrito Administrativo de la Zona Franca como elemento clave (actualmente con 3.400 empleados), ha permitido más ahorros de los previstos (26%, frente al 20% estimado).
Con la nueva torre de 2027, más de 6.000 trabajadores de la Generalitat tendrán su puesto de trabajo en el área de la Zona Franca, aunque desde el Govern todavía no detallan qué departamentos se trasladarán a las nuevas instalaciones.
Actualmente, a las Consejerías alojadas en el complejo del Distrito Administrativo se suman los edificios de la sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), así como inmuebles del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), entre otros.
Menos metros cuadrados
El plan de la Generalitat prevé reducir un 22% los metros cuadrados necesarios para sus oficinas en 2038 respecto a 2012, pasando de 468.000 a 364.000 metros cuadrados, gracias a los nuevos modelos de teletrabajo y con la apuesta por espacios interiores más abiertos y de trabajo colaborativo.
Respecto al peso de la propiedad de las oficinas, pasará del 22% actual al 68% en 2038, lo que supone más del triple, y situarse por encima del escenario previo a la venta masiva de hace una década (en 2012 la Generalitat era dueña del 63% de sus oficinas).
Aguirre ha añadido que los porcentajes y eficiencia económica planificados pueden mejorar en la medida en que se aplique el acuerdo de investidura firmado entre ERC y PSOE, y que incluye una comisión para analizar la cesión a la Generalitat de inmuebles de titularidad estatal ubicados en Cataluña y que están actualmente vacíos o infrautilizados.