El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la recompra por 328 millones de euros de los 70 edificios (sedes administrativas) que la administración andaluza vendió en 2014 a Inversiones Holmes, del fondo WP Carey, por 300 millones de euros con un contrato de Sale & Lease back, venta con arriendo posterior. La comunidad ha pagado ya 279 millones y seguiría pagando como inquilino a razón de más de 35 millones al año hasta 2034. Moreno ha calificado como "ruinoso" el contrato firmado hace casi una década por la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
La Junta argumenta ahora para justificar la recompra que el dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y "lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía", ya que ingresó 300 millones de euros para hacer frente a un problema de liquidez, pero quedaba obligada a alquilar al menos durante 20 años los mismos edificios y, pasado este tiempo,tendría que renegociar un nuevo precio para el alquiler de las sedes o buscar una solución que permitiera reubicar a más de 8.500 empleados públicos.
Entre los inmuebles hay sedes centrales de consejerías (Inclusión Social, Agricultura, Salud…), delegaciones provinciales, delegaciones territoriales de diferentes consejerías, centros del IAM, oficinas de empleo, conservatorios, etc.
Ahorro
Hasta la anualidad de 2023 se han abonado 278,8 millones de euros. Hasta 2034, año en que finalizaría el contrato, quedarían pendientes de abonar al menos 430 millones de euros según se estima, pues la actualización de las rentas está vinculada al IPC.
Con esta operación, la Junta ahorra más de 35 millones de euros cada año, lo que representa casi el 62% de los alquileres que actualmente está pagando en total. Se estima que sin esta operación, al término del contrato inicial, la Junta habría pagado unos 708 millones de euros por el alquiler de unos edificios que eran suyos y por cuya venta ingresó 300 millones de euros.
Plan estratégico
La compra de estos edificios se enmarca dentro del plan estratégico de sedes administrativas anunciado antes del verano, uno de cuyos objetivos era ahorrar dinero en el pago de los alquileres que actualmente paga la Junta por sus sedes administrativas, que supera los 57,6 millones de euros al año.
Según la Junta, la compra de estos inmuebles por 328 millones supone un ahorro de más de 100 millones con respecto únicamente a lo que habría que pagar por rentas de alquiler sólo hasta 2034.
"La compra de estos 70 edificios se habrá amortizado en menos de una década. En diez años se habría pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra", ha insistido Juanma Moreno.
WP Carey anunció hace meses meses su intención de iniciar un proceso de desinversión de estos activos inmobiliarios, tiempo en que la administración andaluza, a través de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, ha estado negociando hasta cerrar el acuerdo anunciado hoy por el presidente Moreno.
Condiciones ruinosas
El presidente andaluz ha calificado la operación heredada y diseñada por la hoy ministra María Jesús Montero como "ruinosa", y ha hablado de "mala gestión o falta de gestión" e "indolencia" en etapas anteriores, tras las que se encontró "desorden por no decir caos" en la gestión del patrimonio público,
Desde la Junta se señala que las condiciones pactadas en 2014 por Montero generaban un problema de por vida a la administración, al pagar en rentas casi dos veces y media el dinero ingresado por la venta. El contrato tenía una "cláusula suelo" por la que cada año la renta se subiría un 1,5%, con independencia de que el IPC fuera inferior o incluso negativo. El IPC acumulado desde 2014 ha subido un 21,4% y las rentas un 25%. "Cada año se ha pagado, siempre, más que el anterior", ha insistido Moreno.
El arrendatario, la Junta, se hacía cargo del mantenimiento de inmuebles que ya había vendido
En 2014, el precio de renta anual se acordó en 23,6 millones de euros más el 21% de IVA. Es decir, el primer año se pagaron 28,5 millones. La última anualidad es de 35,6 millones de euros, 7 millones por encima de lo que se acordó para el primer año del contrato.
El contrato establecía que los tribunales de Londres serían los encargados de dirimir cualquier conflicto entre propietario (Inversiones Holmes) e inquilino (Junta de Andalucía), a pesar de que los edificios estaban ubicados en Andalucía. Algo que Moreno considera "incomprensible".
También hacía recaer en el arrendatario y no en el arrendador la mayor parte de los costes de mantenimiento de los inmuebles (por los que hasta la fecha se llevan pagados más de 10 millones de euros), así como las cuotas de comunidad correspondientes y demás tasas, además de la totalidad de los suministros.
La Cámara de Cuentas ya denunció en 2017 los graves perjuicios económicos que la operación de Sale & Lease back suponía para las arcas públicas andaluzas.