La ocupación de viviendas se confirma año tras año como uno de las principales preocupaciones de los propietarios -especialmente de los que tienen casas vacías-. Según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, en los cinco primeros meses del año se contabilizaron un total de 6.648 denuncias relacionadas con la ocupación ilegal de inmuebles, frente a las 7.485 del mismo periodo del año anterior. Canarias y Asturias fueron las únicas regiones donde las denuncias subieron en la primera parte del año. En concreto, en el archipiélago se contabilizaron 234 hechos conocidos, frente a los 215 de año anterior, mientras que en el Principado de Asturias pasaron de 29 infracciones a las 24 actuales.
Los datos de Interior ponen de manifiesto que existe una clara diferencia entre territorios. De hecho, Cataluña y Andalucía suman la mitad de los casos. En concreto, en Cataluña se registraron 2.798 denuncias y en Andalucía 1.036.
Las infracciones también son elevadas en la Comunidad Valenciana (716), Comunidad de Madrid (649 y Castilla-La Mancha (300). En una horquilla de entre 200 y 100 denuncias se encuentran Baleares (174 ) y Castilla y León (104).
Sin embargo, los datos más reducidos se registran en la Ciudad Autónoma de Melilla (2), la Ciudad Autónoma de Ceuta (3), La Rioja (19), Navarra y Cantabria (ambas con 37 denuncias).
Crece la preocupación
Uno de cada dos propietarios de una viviendas vacías teme que se la ocupen. Esta es, de hecho, la preocupación más recurrente entre los particulares que se encuentran en posesión de un inmueble deshabitado. Hay un 21% que asegura que no está preocupado por ello-, según datos de Fotocasa.
Pero, aparte de este, hay otros motivos de preocupación. El 38 %, por ejemplo, señala el coste que supone mantener un inmueble que no genera ningún beneficio y un 35 % que entren a robar. También muestran inquietud por el estado del inmueble. Concretamente, les preocupa que la casa se deteriore por el abandono (29%) o que se agraven pequeños desperfectos por no haberlos detectado a tiempo (29%).
Otro informe realizado por Línea Directa también profundiza en el problema de la ocupación y en el impacto que tiene en la sociedad española. En concreto, el 24% de los ciudadanos creen que hay posibilidades "medias o altas" de que ocupen su vivienda y el 77% considera que este fenómeno es ya un problema social.
Para intentar frenar este fenómenos, la mayoría de encuestados (66%) pide endurecer las penas y agilizar los desalojos. Otro 45% apuesta por aumentar el parque de vivienda social y un 31% reclama la actuación policial sobre las mafias. En cuanto a las penas, el 73% considera que son muy laxas y no existe seguridad jurídica. Sin embargo, solo un 21% cree que son correctas, pero falla la justicia, mientras que el 4% opina que no debería estar penado y un 2% pide rebajar las sanciones.
Por comunidades autónomas, las más preocupadas son Cataluña, Andalucía y Cantabria, y las menos son Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana. Respecto al conocimiento de la legislación, el 50% tiene nociones generales y solo un 22% afirma conocerla.