La ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en un problema social en nuestro país para el que los ciudadanos exigen soluciones. La situación es especialmente compleja en Cataluña, donde se registraron 2.798 denuncias relacionadas con esta infracción solo en los cinco primeros meses de 2023. El resultado supone más que multiplicar por cuatro los casos de la Comunidad de Madrid, que ascienden a 649, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.
Buena parte de las denuncias también se concentraron en Andalucía (1.036) y Comunidad Valenciana (716), mientras que la Ciudad Autónoma de Melilla (2), la Ciudad Autónoma de Ceuta (3), Navarra (37) y Cantabria (37) registraron los datos más bajos.
En el conjunto de España se contabilizaron 6.648 infracciones, frente a las 7.485 del mismo periodo del año anterior. Los casos también mermaron en prácticamente todas las regiones, salvo en Canarias y el Principado de Asturias, con 234 y 174, respectivamente.
Más de 7.000 denuncias en 2022
Cataluña también concentró la mayor parte de las infracciones del pasado año, con un total de 7.005 casos, seguida de Andalucía (2.502) y la Comunidad Valenciana (2.024). La Comunidad de Madrid, por su parte, registró 1.501 denuncias.
Un análisis temporal más amplio desvela que las infracciones penales relacionadas con la ocupación de inmuebles crecieron un 37% en los últimos 5 años. Pasaron de las 12.214 en 2018 a las 16.726 de 2022. Además, en ese periodo alcanzaron máximos históricos (17.274 infracciones en 2021). Hay que destacar que los datos de Interior recogen denuncias, no delitos, una distinción que se realiza en la instancia judicial.
Mano dura
Los propietarios de pisos en alquiler tienen cada vez más miedo a la ocupación. De hecho, es uno de los principales efectos que se ha producido tras la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda el pasado 26 de mayo.
Un reciente informe realizado por Línea Directa desvela que el 24% de los españoles creen que hay posibilidades "medias o altas" de que ocupen su vivienda y el 77% considera que este fenómeno es ya un problema social en España.
Además, la mayoría también consideran que la legislación actual es demasiado laxa, que además obliga a los propietarios a pasar por un auténtico calvario judicial para recuperar sus casas. El tiempo medio que se tarda en desalojar a los okupas es de 20,5 meses, aunque el plazo podría ampliarse teniendo en cuenta que la ley de vivienda incluye más trabas a los propietarios.
Para intentar frenar la ocupación de viviendas, la mayoría de encuestados (66%) pide endurecer las penas y agilizar los desalojos. Otro 45% apuesta por aumentar el parque de vivienda social y un 31% reclama la actuación policial sobre las mafias. En cuanto a las penas, el 73% considera que son muy laxas y no existe seguridad jurídica. Sin embargo, solo un 21% cree que son correctas, pero falla la justicia, mientras que el 4% opina que no debería estar penado y un 2% pide rebajar las sanciones.
Por franjas de edad, los jóvenes de 18 a 29 años son los menos preocupados, pues un 21% considera que se exagera esta problemática "por motivos ideológicos", mientras que los más preocupados son los que tienen entre 30 y 44 años, con un 80% que así lo manifiesta. Por género, están más preocupadas las mujeres que los hombres.
Por comunidades autónomas, las más preocupadas son Cataluña, Andalucía y Cantabria, y las menos son Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana. Respecto al conocimiento de la legislación, el 50% tiene nociones generales y solo un 22% afirma conocerla.
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