La vivienda fue el eje central de la campaña electoral del 28M y se ha convertido en la gran protagonista del discurso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que en los últimos meses ha prometido una batería de medidas para levantar más de 180.000 viviendas públicas o asequibles que supondrían un coste aproximado de 45.000 millones de euros en los futuros presupuestos.
La cifra no es desdeñable, pero ¿es suficiente para solucionar el problema de la vivienda en España?
Desde PP, el principal partido de la oposición, han criticado duramente el plan de Sánchez en vivienda, tildándolo de "intervencionista" y advirtiendo que con la nueva ley de vivienda se consigue el efecto contrario ya que "envía mensajes negativos a los propietarios", al "no protegerles ante la ocupación" y "señalarles con el dedo porque parece que es malo tener un piso".
Como contraposición al plan socialista en vivienda desde el Partido Popular apuestan por potenciar la seguridad jurídica agilizando los desahucios, impulsar medidas fiscales y apoyar a los jóvenes en el acceso a la vivienda.
Principales medidas del PP
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo apuesta por aumentar la oferta de alquiler y de vivienda social mediante incentivos fiscales a propietarios y promotoras. Concretamente, apuesta por establecer un coeficiente definitorio del precio de la VPO para incentivar que se alcancen eficiencias energéticas superiores y revisión del IVA en estos casos.
En el mercado del alquiler, propone deducciones fiscales a los caseros de pisos que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendadores sean jóvenes, menores de 35 años, o mayores de 65 años o personas con bajos ingresos. En esta línea también apunta hacia la eficiencia energética ya que aumentaría hasta el máximo permitido las deducciones de IRPF a quienes lleven a cabo proyectos de rehabilitación.
Por otro lado, apuesta por incorporar la vivienda vacía mediante la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles a los que se alquilen.
En el caso de la vivienda social creen que es necesaria una simplificación del concepto de vivienda protegida, de tal forma que sea considerada como tal aquella que cuente con algún tipo de protección pública. Además, prometen en su programa cumplir con una de las principales demandas del sector inmobiliario que es establecer un mecanismo de actualización de los módulos de vivienda protegida, que fijan el precio máximo al que se puede vender la VPO, mediante su indexación al IPC.
Seguridad jurídica
La apuesta por la seguridad jurídica es otro de los principales ejes de la propuesta popular. En este sentido, quieren agilizar los desalojos, modificarán la ley para endurecer las penas y apuestan por la creación de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal.
Además, prometen que se tramitará una Ley de Seguridad Jurídica en materia de urbanismo, otra de las principales peticiones del sector. El objetivo es agilizar los plazos mediante la eliminación de duplicidades que existen actualmente.
Por otro lado, se extenderá la declaración responsable en la tramitación urbanística, sin detrimento de la posterior comprobación de la administración correspondiente, como instrumento para agilizar los procedimientos.
En su programa se potencia también la colaboración público-privada y se abre la puerta a destinar suelos dotacionales a otros usos como vivienda. Concretamente, apuntan que "muchos suelos generados en los planeamientos municipales provenientes de cesiones obligatorias con destino a dotaciones y equipamientos quedan vacantes por quedar sus usos obsoletos" y reconocen que "si se destinaran a soluciones habitacionales podrían cumplir un fin de utilidad pública. Con ello, además, se movilizaría la inversión privada y las administraciones darían respuesta a la necesidad de acceso a la vivienda".
En este sentido, ponen en valor proyectos como el Plan Vive de Madrid, que "ha demostrado que esta medida es posible llevarla a la práctica (ya hay 6.600 viviendas en marcha) movilizando suelo que no cumplía su fin y sin comprometer ni un solo euro de presupuesto público".
Las propuestas del PP tienen también en cuenta el problema de la falta de mano de obra y por ello quieren elaborar un Plan Nacional Estratégico de Formación Profesional orientado a la construcción, así como a la captación de perfiles en el extranjero, para cubrir las vacantes que existen en la actualidad.
Jóvenes
Los jóvenes y su incapacidad para acceder a la vivienda, siendo España uno de los países europeos con la emancipación más tardía, son otro eje central del programa del PP. En este caso, el partido propone un aval de hasta el 15% del total de la vivienda que facilitará completar la financiación de la hipoteca que soliciten los jóvenes.
Asimismo, también lanzarán avales para el alquiler en el caso de jóvenes con rentas medias y bajas. El plan pasa por crear un fondo de garantía que permita avalar la fianza legal a los jóvenes que cumplan los requisitos establecidos.
Por otro lado, proponen una ayuda de 1.000 euros en una sola paga para la emancipación de los jóvenes que podrán destinar a gastos objetivos del primer acceso a la vivienda tanto para alquiler como para compra.
Los beneficiarios serán los jóvenes de hasta 35 años que perciban unos ingresos brutos anuales de hasta 40.000 euros. Los 1.000 euros los recibirán los que ganen hasta los 30.000 euros. A partir de ahí se reducirá proporcionalmente.
Por último, prometen una ampliación del Bono Joven de alquiler ya que creen que "la última convocatoria de Pedro Sánchez ha dejado a miles de jóvenes sin ayuda".
