La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asegura que el sector inmobiliario no tiene de qué preocuparse con la aprobación de la Ley de Vivienda porque "su rentabilidad está garantizada". No obstante, añade que ésta "tiene que ser moderada".
Sánchez, en una entrevista concedida al diario El País, ha defendido la norma aprobada hace una semana con el apoyo Unidas Podemos, Bildu y ERC, reiterando que " es una ley que no va en contra de nadie y pretende establecer las bases sólidas de un nuevo modelo de vivienda" que "busca fomentar y constituir un verdadero parque público que no se pueda vender". En ese sentido, ha dejado claro que el sector inmobiliario "no es el enemigo", sino que debe "ser un aliado necesario para impulsar el parque público de vivienda". "Las Administraciones públicas muchas veces no tenemos capacidad", por eso son necesarias "fórmulas de colaboración público-privada y eso es algo que funciona", señala la ministra socialista.
En cuanto a una posible retirada de pisos del mercado como consecuencia de la nueva ley, Sánchez sostiene que "era uno de los riesgos que queríamos evitar". Según ella, la norma "introduce incentivos fiscales para que a los pequeños propietarios les resulte beneficioso aplicar rebajas en el precio del alquiler". Por ello, "si cualquier persona que tiene un piso para alquilar hace el ejercicio de calcular qué beneficios fiscales obtiene bajando el precio un 5%, va a comprobar que le sale más a cuenta no incrementar el precio", apunta.
Sobre el hecho de que la medida se haya aprobado a vísperas de las elecciones autonómicas de mayo, Sánchez responde que "no son medidas electoralistas". "Hemos tomado medidas antes", dice la ministra para, a continuación, explicar que destinar los 4.000 millones de euros a financiar 43.000 viviendas de alquiler social a precios bajos se ha decidido "en el momento justo en el que tenemos que negociar esa adenda con la Unión Europea". Y recuerda que "en cuanto a la Sareb, hace apenas un año que este Gobierno asumió su control".
Preguntada por la financiación del parque público de viviendas que quiere crear el Gobierno, la ministra afirma que han puesto sobre la mesa "todas las herramientas y recursos de los que disponemos". Sin embargo, las competencias del Estado son limitadas y, por ello, las comunidades autónomas también tienen que poner de su parte. Aún así, recuerda que "hemos multiplicado por ocho los presupuestos" hasta los 3.500 millones de euros, de los cuales 2.500 millones provienen de los fondos europeos.
Asimismo, Raquel Sánchez ha querido reconocer durante la entrevista la voluntad de los grandes tenedores, en referencia a la propuesta que han hecho para ceder 25.000 alquileres sociales. "Estamos en esa negociación", confirma. No obstante, este tipo de acuerdos se tienen que hacer a través del Plan Estatal de Vivienda para poner esas casas a disposición de las comunidades autónomas y el sector pretende hacerlo directamente con el Gobierno, lo que supone "un problema competencial".