Barcelona
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará como imputada ante la Audiencia Provincial el próximo 13 de marzo. Lo hará por una querella del fondo finlandés Vauras Investment, una subsidiaria de Confido Capital, por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación administrativa. El vehículo nórdico trata de recortar las pérdidas de su inversión en la capital catalana, que alcanzó los 130 millones de euros y vendió en 2020 entre críticas tanto a la edil como a los políticos independentistas.
La firma levantó 60 millones de euros de fortunas finlandesas que, junto a la deuda adquirida, usó para comprar inmuebles en Barcelona, informaba el económico finés Kauppalehti. Se cuantificaron hasta 16 compras a partir de 2015, tanto en la urbe como en localidades cercanas. Sin embargo, en otoño de 2017 puso el freno a su apetito. Coincidió con la escalada de tensión soberanista y el referéndum del 1 de octubre.
En una nota enviada a sus inversores, la gestora disparó contra la Generalitat y la política de la alcaldesa. "A medida que los problemas políticos se ampliaron, el fondo dejó de comprar propiedades en otoño de 2017. Primero de forma temporal y luego de forma permanente", justificaba en 2020.
"Los problemas políticos se centraron especialmente en la situación de Cataluña y la política local, donde la alcaldesa electa comenzó a implementar una política muy negativa hacia los promotores inmobiliarios y los operadores hoteleros", señalaba.
En su estancia en Barcelona, el fondo acumuló conflictos con las administraciones por sus prácticas
En la ciudad, actuaba de la mano de Palau & Manfredi, especializada en la gestión inmobiliaria para grandes patrimonios. Y el del bloque Llavors, la okupación que ha terminado con la imputación de Coalu, no fue su primer conflicto.
Antes, un juez frenó el desahucio a las monjas de la asociación Lumen Dei de un edificio de Ciutat Vella para hacer un hotel. También estuvo investigada en la compra de un inmueble en el barrio de Sants por presionar a vecinos con contratos antiguos, temporales y 'okupas' para forzar su salida y renovar las rentas heredadas.
Tras acumular conflictos con el consistorio, se dio cuenta de que su estrategia no le iba a dar beneficios. Y a pesar de la subida generalizada del inmobiliario decidió abandonar la ciudad en 2020 antes de que la sangría fuera incluso mayor. Sin embargo, se topó con la pandemia de por medio, lo que dificultó todavía sus planes.
"El objetivo de la gestora es liquidar el fondo antes de lo previsto de forma que la pérdida no sea significativa. Por ello, la gestora trata de encontrar vías de ahorro como la renuncia al cobro de la comisión de gestión", señalaba a sus inversores.
La imputación de la alcaldesa Colau: la Audiencia estima parcialmente el recurso
Ahora, el fondo ha logrado que la Audiencia Provincial impute a la alcaldesa Colau por presuntos delitos de coacciones y prevaricación administrativa con el objetivo de permitir que familias okupasen el bloque Llavors, en el Poble Sec, una de las viviendas de la compañía, de la mano de la plataforma Obra Social Barcelona. La administración había multado a la gestora con 417.000 euros por no ofrecer una alternativa a los seis inquilinos en situación de vulnerabilidad que vivían ilegalmente en el edificio.
El juez Navarro Morales tomó la decisión el 31 de marzo del año pasado, pero no se ha hecho público hasta citar a la edil para el próximo 13 de marzo.
El auto estima parcialmente el recurso de Vauras Investment contra el fallo que había emitido el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona en otoño de 2020, cuando inadmitió la querella. La Audiencia eso sí descarta delitos como el de extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida y usurpación de atribuciones.
Según el fondo, sufrió coacciones y extorsiones por parte del consistorio para que le obligase a ceder inmuebles para alquiler social "utilizando para ello como mecanismo intimidatorio la amenaza de no conceder a la querellante determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas".
"Se hace pues preciso indagar la realidad de esa imputación, que sí reviste apariencia delictiva, trayendo a declarar en calidad de investigados a los querellados, así como a los testigos que pudieran arrojar luz sobre lo acontecido en el seno de esas reuniones", reza el auto.
