La Audiencia Provincial de Barcelona ha imputado a la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación administrativa presuntamente cometidos contra el fondo Vauras Investment con el objetivo de permitir que una familia 'okupe' una de las viviendas de la compañía. El ponente y magistrado Navarro Morales tomó esta decisión en un auto fechado a 31 de marzo del año pasado, pero que se ha hecho público ahora tras citar a la alcaldesa para este 13 de marzo en calidad de investigada.
El auto da la razón a parte del recurso presentado por Vauras Investment contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona del 27 de noviembre de 2020 que inadmitía la querella del fondo. No obstante, la Audiencia Provincial admitió el recurso por esos dos delitos, descartando otros delitos que pedía Vauras como el de extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y usurpación de atribuciones.
El fondo relata que sufrió presuntas coacciones y extorsiones por parte del Ayuntamiento de Barcelona para obligarle a ceder determinados inmuebles de su propiedad para alquiler social "utilizando para ello como mecanismo intimidatorio la amenaza de no conceder a la querellante determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas". La querella señala además que la alcaldesa, en una comparecencia pública, reconoció "abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social".
"Se hace pues preciso indagar la realidad de esa imputación, que sí reviste apariencia delictiva, trayendo a declarar en calidad de investigados a los querellados, así como a los testigos que pudieran arrojar luz sobre lo acontecido en el seno de esas reuniones", dice el auto.
