Dos relatores de las Naciones Unidas han enviado una carta al Gobierno en la que solicita que el proyecto de Ley de Vivienda incluya la contención de los precios de los alquileres tanto a grandes propietarios como a pequeños tenedores.
En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha informado este viernes de que los dos relatores han reclamado que la regulación de los alquileres "cubra todas las viviendas en alquiler en los mercados estresados" y los contratos nuevos de estas áreas y no solo a los propietarios de viviendas a gran escala.
También han pedido que la "la facultad de declara qué es una zona tensionada no debe quedar restringida a las comunidades autónomas sino a todos los gobiernos locales que conocen de primera mano los problemas de oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles".
En el caso de los desahucios, solicitan "incluir una disposición según la cual los desalojos solo podrán realizarse contra personas en situación de vulnerabilidad después de que se les haya ofrecido una vivienda alternativa".
Según recuerdan, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya emitió una resolución en la que instaba a todos los estados miembros de la ONU a "aprobar legislación interna y órdenes administrativas que den pleno efecto en el derecho a una vivienda adecuada y a la reparación de las violaciones de este derecho".
La aprobación de la Ley de Vivienda sigue atascada un año después de que la norma llegara al Congreso. La definición de grandes propietarios (en un principio aquellos con más de diez viviendas pero después el PSOE se abrió a considerarles a partir de cinco) o la de zona tensionada han sido los dos grandes escollos del proyecto de ley que aún perfila el Gobierno.
De la negociación se siguen desprendiendo hilos, como el de los honorarios a las agencias que ha reintroducido Unidas Podemos, una medida que la formación morada aceptó dejar fuera del proyecto pero que ahora ha retomado.
