La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha criticado la decisión del Gobierno de prorrogar de forma forzosa lo contratos de alquiler que venzan en los próximos meses. Esta medida, que obligará a extender durante seis meses todos los arrendamientos que expiren entre enero y junio de 2023, junto a la ampliación del límite del 2% a la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios supone un "nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada de más de dos millones de propietarios en España, un derecho consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española", dicen.
Los caseros y grandes fondos creen que, con esta decisión el Gobierno carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración. Además, recuerda que el 75% de los propietarios son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual.
En su opinión, la inseguridad jurídica e indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en vivienda en alquiler y llevará a que los propietarios retiren sus inmuebles de este mercado.
"Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados, ya que esta disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda", ha avisado Andreu.
Innecesaria y contraproducente
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) también se ha pronunciado en contra de la decisión del Gobierno. Consideran que la medida es "totalmente innecesaria y muy contraproducente" para los propietarios.
El director de ANA, José Ramón Zurdo, cree que que prorrogar esta medida para todos los contratos de alquiler, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos, desequilibra el mercado, y ha señalado que este límite ha supuesto ya una pérdida de 1.800 millones de euros para los propietarios.
"Ahora las pérdidas serán mucho mayores, porque los arrendadores no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo", ha apuntado Zurdo, que ha recordado que más del 93% de los propietarios son particulares y ese dinero que no van a cobrar, lo necesitan para compensar la elevada inflación, "que también les afecta a ellos".
Por último, Zurdo considera que estas medidas destinadas a "sobreproteger al inquilino" terminan siendo una "mala consecuencia" para los arrendatarios, que les está dificultando "enormemente" el acceso a la vivienda en alquiler. "Gracias a estas medidas, hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda", ha denunciado.
