Comunidad Valenciana

El campo se planta ante el abandono político

Valencia

Las señales de alerta se han prolongado durante años, pero ha sido en la presente campaña en la que el campo valenciano se ha visto inmerso en un laberinto de difícil salida. Mientras el Gobierno central mira hacia otro lado y se limita a adoptar tibias medidas con reducido impacto, cada vez más agricultores renuncian a recoger sus cosechas de naranjas y mandarinas, porque la rentabilidad no compensa los costes, y las movilizaciones en las localidades con más peso de la citricultura se multiplican en toda la Comunitat. A ello se suma el veto estatal al incremento de superficie de uva para cava, uno de los pocos cultivos con ventas y rentabilidad creciente en la región, que los productores valencianos achacan a la presión de los catalanes, cuya demanda se ha visto afectada por el impacto del desafío independentista. La realidad es que la Comunitat Valenciana seguirá liderando, un ejercicio más, el abandono de tierras de cultivo y el alza de la tasa de paro agrario. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado un plan de apoyo y reconversión del sector citrícola. (Puede leer más contenidos en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

La crisis de la agricultura valenciana tiene su origen en una combinación de factores que han desembocado en la tormenta perfecta. A la propia estructura de la propiedad agraria, con multitud de pequeñas explotaciones y minifundios, que restan capacidad de negociación frente a los grandes compradores -que presionan sobre los precios-, se suman las crecientes exigencias y controles a nivel nacional, el continuo incremento de los costes de las explotaciones -tanto en sistemas y procesos, como energéticos-; el veto a las exportaciones al mercado ruso, uno de los principales clientes en la pasada década, y el auge de la competencia de terceros mercados -sobre todo, de Sudáfrica, pero, también, de países de Latinoamérica, Marruecos, Turquía y Egipto-, con el beneplácito de las autoridades europeas.

"No pedimos que se prohíba la competencia, pero sí que se actúe con transparencia y con las mismas reglas para todos. Si se permite la entrada de productos de otros países que no cumplen las exigencias en materia laboral, de seguridad alimentaria, uso de pesticidas, etc., que se nos imponen en Europa, estamos luchando contra una competencia desleal y, además, se están poniendo en riesgo nuestros cultivos, con nuevas plagas", expone Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

Las asociones de agricultores -AVA, La Unió de Llauradors y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)- exigen reciprocidad en las normativas europeas respecto a la producción importada y un tratamiento de frío a todos los cítricos originarios de terceros países con plagas en cuarentena.

Los datos confirman las denuncias de los agricultores: la naranja, que fue, durante décadas, la principal fuente de divisas para España, se vende hoy a precios de hace 35 años para los productores y la superficie cultivada y los empleos generados en el campo han acentuado, en los últimos ejercicios, la senda descendente que iniciaron hace décadas -según los datos de las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrarias que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística-. Y todo ello pese a los importantes esfuerzos realizados en plantación de nuevas variedades más competitivas y en la profesionalización del sector.

Mientras, en Sudáfrica los terrenos destinados al cultivo de naranjas y mandarinas se han triplicado en los últimos años. En la pasada campaña, llegaron a Europa más de 850.000 tonelas de cítricos procedentes de este mercado -según la información de Datacomex- y el Acuerdo de Asociación Económica que firmó este país con la Unión Europea establece una reducción progresiva de los aranceles aplicados, hasta ser eliminados en 2025. Además, se amplió al 30 de noviembre el periodo de importación de cítricos, mes y medio más que el anterior, de manera que las variedades tardías del país africano se solapan con las variedades tempranas valencianas. A esto se suma que el 80 por ciento se introducen a Europa en puertos de Holanda, Reino Unido y Portugal, con controles fitosanitarios mucho más suaves que los aplicados en otros países, como España.

Sin claúsula en Bruselas

A pesar de ello, el Gobierno español ha declinado pedir que se active la cláusula de salvaguarda establecida en el artículo 34 del acuerdo entre la Unión y Sudáfrica, alegando que las cifras de las que dispone no demuestran "un aumento de las importaciones de cítricos de este país tan espectacular que pueda estar causando daños como para solicitar a la Comisión Europea la introducción de contingentes arancelarios y otras medidas", en palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño. "Parece más una responsable ministerial de Sudáfrica que española", critica La Unió.

La postura estatal no es compartida por la Generalitat, que, a principios de diciembre, instó al ministro de Agricultura, Luis Planas, a pedir en Bruselas la aplicación de esa cláusula, así como de algunas de las medidas solicitadas por el sector para paliar el impacto de la actual crisis -entre ellas, las retiradas de fruta para destinarlas a zumos, transformación o distribución gratuita-.

De cara a la futura Política Agrícola Común (PAC), la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, ha planteado que los mecanismos de regulación y gestión de crisis "tengan un carácter más preventivo y que la Comisión Europea tenga la obligación de ir haciendo informes para anticiparse a situaciones problemáticas, como la actual".

Hasta el momento, las medidas reales a corto plazo se han limitado a aprobar la compra de 50.000 toneladas de cítricos -muy lejos de las 250.000 toneladas solicitadas por las organizaciones agrarias-, que se pagarán con fondos operativos de la Unión Europea. Ante este panorama, las organizaciones de agricultores reclaman tanto al Gobierno central como a la Generalitat Valenciana que destinen recursos propios a medidas concretas urgentes, "para atenuar el impacto demoledor de la crisis citrícola sobre las rentas de miles de agricultores. No pueden limitarse a aplicar este mecanismo previsto en la legislación comunitaria y lavarse las manos", subraya Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja.

Entre las medidas que plantean los agricultores, están la articulación de créditos bonificados, las conocidas como "ayudas de mínimis", que contemplan subvenciones de hasta 15.000 euros por explotación en 3 años; una reforma de la fiscalidad; la exención del IBI sobre terrenos cultivados; una reducción de los índices de rendimiento neto en el IRPF del año 2018, o fomentar el acceso a líneas específicas de financiación del sector citrícola, a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca).

De hecho, la situación de la agricultura y la necesidad de un plan de reestructuración de la propiedad y de diversificación de variedades cultivadas es uno de los temas que el presidente de la Generalitat llevará a la primera reunión de la comision bilateral Generalitat-Gobierno central, en enero.

"Los problemas para el campo empezaron hace ya 20 ó 30 años y ninguna Administración ha puesto medidas. Todos los partidos cuando llegan al poder se olvidan de los compromisos recogidos en sus programas. No se percibe una voluntad real de aportar soluciones", denuncia Torres.

Lobby en Europa

Las organizaciones del sector calculan en unos 163 millones las pérdidas en cítricos en la primera parte de la campaña -a las que han contribuido las fuertes lluvias- y se muestran pesimistas respecto al resto de la temporada.

La profunda crisis del sector ha llevado a las organizaciones a resucitar la asociación interprofesional citrícola española (Intercitrus), que tiene su sede en Valencia, tras diez años sin apenas actividad.

Pero el objetivo es llevar sus reclamaciones a Europa. Para ello, piden que haya personal experto en el sector tanto en la Oficina de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea como en la Delegación de la Generalitat en Bruselas, "para defender los intereses del campo, como existe en muchos otros sectores, y lograr unas relaciones internacionales más justas y una normativa sectorial más equilibrada", detalla La Unió.

En esta línea, el secretario general de AVA apunta, también, a la necesidad de adaptar prácticas de defensa de la agricultura que están adoptando otros países, como Francia. "Nos gustaría que el Gobierno en la ley de cadena de suministro que están tramitando en Francia, que fija la relación entre los precios de venta y los de producción, y que se evite de forma real la práctica de ventas a pérdidas, que sigue siendo un problema", apunta.

Veto al aumento del cava

En cuanto al cava, el Gobierno mantiene el bloqueo al aumento de la superficie de cultivo de uva, que afecta, sobre todo, a Extremadura y Valencia. Si hace un año, autorizó solo 172 nuevas hectáreas, el borrador para 2019 fija 0,1 hectáreas más en las zonas delimitadas por la DO Cava, lo que supone, en la práctica, vetar su desarrollo. AVA-Asaja denuncia que los planes del Gobierno "se pliegan, de manera descarada e inaceptable, a los intereses de las bodegas catalanas. Antepone la cuestión política, porque a nadie se le escapa la influencia del conflicto catalán, por encima de razones objetivas de mercado", afirma Aguado. En el caso del cava valenciano, este año, las ventas suben un 10 por ciento y la producción alcanza 9 millones de botellas -en España se producen 231 millones, el 90 por ciento, en Cataluña-.

Las cotizaciones medias que perciben los productores valencianos por la uva para cava duplican las de otro tipo de vino, por lo que muchos viticultores han acometido importantes inversiones para producirla. Plantean "la creación de subzonas, de manera que las decisiones se adopten en función de las necesidades de cada una", respetando las que tienen "capacidad de crecer".

Plan sectorial de la Generalitat

La profunda crisis del sector ha llevado a las organizaciones a resucitar la asociación interprofesional citrícola española (Intercitrus), que tiene su sede en Valencia, tras diez años sin apenas actividad. La organiza se reunió ayer con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que anunció un Plan Estratégico de reconversión sectorial citrícola, "que permita planificar con un periodo mínimo de 15 años el futuro de la producción valenciana".

En el Plan Estratégico se deberá prever y diseñar el mapa de variedades que conviene a la Comunitat, los objetivos en cuanto a producción, los mercados a los que debe exportarse esa producción, las estructuras productiva, comercial e industrial aconsejables y el papel de los diferentes actores.

Asimismo, el Consell ampliará las misiones comerciales, que se seleccionarán conjuntamente con el sector, para abrir nuevos mercados para la naranja apoyará la presencia del sector en Bruselas con el refuerzo de la oficina dedicada a la singularidad del sector citrícola valenciano con la inclusión de más personal de modo que, en colaboración con las instituciones agrarias, haga la función de lobby permanente.

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