Comunidad Valenciana

La Audiencia Nacional investigará un posible fraude de 100 millones por la trama del 'cártel del fuego'

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha aceptado la competencia para investigar el conocido como el 'cártel del fuego', una trama de corrupción que presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y otras autonomías, así como en el extranjero, y en la que se habrían defraudado más de 100 millones de euros.

En esta causa figuran como investigados el exconseller valenciano de Gobernación con el PP y exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, así como exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y de la catalana y numerosos empresarios.

El juez de instrucción número 2 de Sagunto envió la causa a la Audiencia Nacional al considerar que los hechos se enmarcan en una organización criminal que operó en más de un territorio e incluso en otros países como Portugal, Chile e Italia. Ahora, la juez Carmen Lamela -quien hasta la semana pasada sustituía a Eloy Velasco en el Juzgado Central de Instrucción número 6- ha aceptado la competencia.

La magistrada explica en su auto que esta decisión está "claramente justificada" por varias razones. Así, cita la "propia complejidad de la causa", por la implicación de "diversas personas físicas y empresas o con operaciones fraudulentas desarrolladas en distintos territorios, nacionales o extranjeros" durante un periodo largo de tiempo.

"Grave repercusión" económica

También destaca el "grave quebranto en la seguridad del tráfico mercantil" y la elevada cantidad que esta trama habría defraudado a la administración, pudiendo superar los 100 millones de euros. De este modo, subraya la "grave repercusión" que las actividades delictivas del 'cártel del fuego' habrían ocasionado a la "economía nacional".

Para Lamela, "los comportamientos imputados dañan el general interés de los competidores del sector y el de las administraciones e instituciones afectadas" y, además, "se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones".

Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos. Están imputadas 26 personas y están implicadas 14 empresas asociadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) y dedicadas a prestar servicios comerciales, agrícolas, de protección civil y de prevención y extinción de incendios forestales.

Según destaca la juez en su auto, la trama habría actuado en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía y Castilla y León, además de otros países, como Chile, Portugal e Italia. Las presuntas actuaciones delictivas se habrían ejecutado, dice Lamela, "en relación con la Administración Central del Estado", concretamente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

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