La Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) denuncia que "la no resolución de las ayudas por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) -dependiente de la Conselleria de Economía-, así como el impago de las mismas, está llevando al sector del empleo de personas con discapacidad nuevamente a una situación de estrangulamiento económico, lo que supondrá poner en peligro los 7.000 puestos de trabajo actuales". Por ello, en la última asamblea de Agevalcee, se autorizó a la junta directiva a adoptar las medidas legales necesarias para que se cumpla la Orden de Ayudas.
La asociación afirma que el compromiso realizado por parte de los representantes del Servef, el pasado mes de junio, durante la presentación de la Asamblea General de Agevalcee realizada en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), por la entonces Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, María José Mira, no se ha cumplido. En ese evento, Mira indicó que "el Servef desea que no se cree incertidumbre entre las personas más vulnerables, ya que el apoyo y el compromiso del Consell con la protección de estas personas, debería estar fuera de cualquier duda".
La Administración valenciana se comprometió a realizar las resoluciones y los pagos "en fecha y forma, encontrándonos en el mes de noviembre sin haberse realizado todavía".
Por otra parte, tras la celebración del Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo, los días 6 y 7 de octubre, Agevalcee ha comprobado que "nuestra comunidad es la más maltratada a nivel de centros especiales de empleo y que no se tiene la sensibilidad que debería de tenerse con este colectivo".
Durante el Congreso, los directores generales de las diversas comunidades autónomas presentes -Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla-la Mancha, La Rioja y Aragón- expusieron que todos habían mejorado su apoyo a estos centros, ya que entienden que son entidades necesarias para la contratación de personas con discapacidad y ven difícil que las empresas contraten directamente a este colectivo. Además, "no tienen restricciones, ni penalizaciones, al contrario de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que además obvia completamente las cláusulas sociales y la reserva de plaza", subraya la asociación.
