Salvador Navarro (Valencia, 1963) fue reelegido por unanimidad presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV), en abril de 2015, tras un primer mandato de cuatro años en el que demostró claridad de ideas y mano firme para afrontar medidas que han permitido a la patronal empresarial valenciana crecer en socios y proyectos, reducir un 64 por ciento su deuda y rozar el equilibrio en cuentas -en 2015, perdió 16.000 euros-. Una situación que contrasta con las dificultades de sus homólogas en Alicante -Coepa, en concurso de acreedores- y Castellón -CEC, bajo investigación por presuntas irregularidades en subvenciones para formación-.* (Más información sobre la economía y las empresas de la región en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
¿Es necesaria una revisión del modelo de patronales en la región?
Es evidente que el modelo hay que cambiarlo, porque, si hubiese funcionado, estaríamos en otra situación. Necesitamos una única patronal fuerte, viva e independiente en lo económico, para no depender de las Administraciones. Estamos con nuestros compañeros de Alicante y Castellón, porque nosotros también tuvimos un momento complicado, en 2005-2006, que se afrontó con apuestas decididas. Actualmente, el 47 por ciento de los ingresos proceden del sector privado -eran sólo el 8 por ciento hace cinco años- y, en 2016, este superará, por primera vez, el 50 por ciento -se espera un 54 por ciento-. La independencia respecto a lo público, nos ha llevado a tomar decisiones como no dar formación, que se ha demostrado muy acertada. Creemos que deben gestionarla las empresas, para lograr la máxima eficiencia. Esto nos ha permitido aligerar la estructura y ser más proactivos en otros ámbitos, en todo lo que necesitan las empresas y posicionados en defensa del interés general. Apostamos también por el planteamiento de aumentar el peso de sectores y empresas directamente asociadas. Dentro de la CEV están presentes todo tipo de perfiles, desde autónomos hasta pymes y grandes empresas del Ibex 35 -como Gas Natural, Iberdrola, Bankia...-. El cambio de modelo de patronal debe abordarse sobre el consenso, yendo de la mano, madurando juntos las fórmulas y dejando a un lado guerras absurdas. Nuestra visión de futuro es el de patronal como agente social, pero también con componente de lobby, defendiendo los intereses empresariales y la transparencia.
¿Qué papel debe jugar el sector privado en la nueva etapa y el nuevo modelo económico por el que trabaja la Comunitat Valenciana?
Hemos entrado en una senda de crecimiento, pero con algunas incertidumbres, porque hay signos de ralentización. Está todo tan globalizado que todo afecta y hacer previsiones es muy difícil. Hay muchas actuaciones por acometer importantes, reformas que han estado paralizadas, como las de la Administración Pública, la energía -somos un país importador y tenemos que tener una visión estratégica de futuro-, la sanidad, la educación -no todos podemos ser economistas o médicos- o el sistema de pensiones, que es insostenible. La sociedad tiene que madurar y los partidos políticos tienen que tomar decisiones. Abordar la reflexión con visión de Estado, y no con demagogia ni intereses partidistas, buscando ganar en eficiencia y garantizando la máxima transparencia y control. En un contexto de déficit estructural, con falta de recursos e inversiones públicas, existe un compromiso para desarrollar el modelo de cooperación público-privada (CPP), como ha ocurrido en otros países europeos. Trabajaremos conjuntamente para desarrollar ese modelo, aunque, inicialmente, desde la Generalitat se está planteando la cooperación público-privada como una fórmula para acceder a los fondos europeos del Plan Juncker, pero centrándose mucho en construcción de infraestructuras, y no en gestión. Hemos planteado a las Consellerias de Transparencia y Economía la creación de un Observatorio de la CPP, en el que participen las Administraciones Públicas, las empresas, los agentes sociales y los ciudadanos -a través de asociaciones, como Avacu-. Es un tema que nos interesa a todos, porque todos somos contribuyentes y tenemos que buscar la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos en todos los ámbitos. No sólo hablamos de sanidad y educación, sino de farmacias, taxis...
Tenemos que replantearnos qué tipo de sociedad queremos y estamos dispuestos a pagar; ser consecuentes y plantearnos que el Estado actual hay que costearlo y que necesitamos ser más eficientes. La Administración Pública tiene que ser reformada, tanto a nivel central como autonómico. La Comunitat Valenciana está reduciendo de forma importante el número y presencia de empresas públicas, pero aún hay mucho margen para seguir ajustando. La reflexión general es que las empresas y los ciudadanos hemos hecho los deberes en estos años de crisis, nos hemos ajustado el cinturón, pero la Administración Pública, en general, claramente no ha hecho el mismo esfuerzo y no parece que lo vaya a hacer.
A pesar de este planteamiento de creciente cooperación, en sanidad y en educación se están dando pasos para cancelar y revertir conciertos, como es el caso de las cinco concesiones de departamentos sanitarios -cuatro de ellas, gestionadas por Ribera Salud-. ¿No es contradictorio?
La demagogia es una cosa y la realidad económica es otra. Muchas veces los políticos han prometido cosas que no han podido cumplir: no es coherente que, con el déficit que sufre la Comunidad Valenciana, la Generalitat esté pensando en comprar hospitales -el de Dénia, bajo gestión de Marina Salud-. No he tenido aún ninguna reunión cara a cara con la consellera de Sanidad, que admite que basa su decisión de revertir las concesiones en un compromiso asumido en el Pacto del Botánic sobre el que se configuró el actual Gobierno valenciano. Entiendo la ideología de su partido y, si se ha decidido que en 2018 no se va a prorrogar el modelo de gestión público-privada en el Hospital de Alzira, el primero donde vence el contrato, es una decisión de la Administración que tenemos que respetar. El problema es que los mensajes que se están lanzando suponen un ataque y una cierta persecución a empresas valencianas -en referencia a Ribera Salud-. Hay que apostar por un modelo de control, seguimiento, evaluación y transparencia, aplicable tanto a una empresa constructora como a una gestora de servicios sanitarios. Y las decisiones deberían tomarse sobre esa base y valorando la eficiencia. Se ha planteado la idea magnífica de comprar el hospital de Dénia a uno de los socios -la aseguradora DKV, que controla el 65 por ciento del accionariado-, sin tener en cuenta la posición y el derecho de tanteo del otro socio -Ribera Salud, con el 35 por ciento-. No entiendo el planteamiento. Y no me preocupa tanto la compra, como el mantenimiento. Poner más medios no consiste en comprar hospitales, sino en gestionar bien, y la diferencia entre el sector privado y el público es que el privado suele estar más especializado y profesionalizado y gestiona mejor, en general. Es demagógico que se defienda una sanidad cien por cien pública cuando los funcionarios, que son empleados con trabajo garantizado para toda la vida, tienen acceso al sistema de Muface, con sanidad de gestión privada. Tampoco me parece coherente que una empresa valenciana -Ribera Salud- pida apoyo a la Generalitat para conseguir un gran contrato en Eslovaquia y no se le facilite.
¿Este tipo de políticas y medidas pueden afectar negativamente a la inversión privada en la región?
Es fundamental que la Administración no lance mensajes que generen inseguridad a los inversores, como en el tema de los horarios comerciales o el proyecto de Puerto Mediterráneo. Los horarios comerciales no ha sido un problema sólo del actual Gobierno, sino también del anterior, con constantes bandazos y cambios de criterio. Hay inestabilidad y eso es lo que genera inseguridad. En el caso de Puerto Mediterráneo, no entiendo qué hace la Administración Pública planteando problemas a una inversión privada, basada en acuerdos y contratos privados. Los estudios e informes avalan el proyecto y se están planteando trabas que no se sostienen. En la ciudad de Valencia, se ha generado un problema para muchas empresas con la fuerte subida del IBI -de hasta el 40 por ciento-, que se ha aplicado a todos, sin distinciones. Hemos pedido información a los asociados y al Ayuntamiento, para poder analizar la situación y buscar soluciones.
Otra cuestión a tener en cuenta es la revisión de las cláusulas de los contratos públicos, que imponen obligaciones de tipo social y, en algunos casos -como el Ayuntamiento de Valencia-, de uso del valenciano. Los planteamientos que se están haciendo, pueden afectar a la unidad de mercado y algunas cláusulas no son claras. Antes de imponerlas, deberían hablarse y negociarse. La CEOE cifra el coste de la fragmentación del mercado en unos 42.000 millones. Imponer el valenciano es crear diferencias entre empresas y rompe esa unidad.
En cuanto a la responsabilidad social, estamos de acuerdo en que puntúe a favor, pero debe abordarse desde la individualidad y voluntariedad. Además, a la hora de la verdad, el 80 ó 90 por ciento del peso del concurso sigue centrado en el precio.En los últimos meses, hemos visto grandes operaciones corporativas e inmobiliarias de grandes inversores internacionales.
¿Está la Comunitat Valenciana en el foco de interés de estos grupos?
Hay grupos inversores moviéndose, pero las grandes operaciones llevan su tiempo. La Comunitat cuenta con un gran dinamismo empresarial, un gran espíritu emprendedor y un posicionamiento geoestratégico clave. La Generalitat está trabajando en una Oficina de Inversiones, para fomentar la inversión extranjera en la región. Deberíamos dejar los problemas en casa y vendernos mejor, que es lo que hacen los demás.
La región está creciendo por encima de la media nacional y europea, pero sigue muy por debajo en tasas de productividad y competitividad empresarial. ¿Es posible corregir esa situación?
Estamos trabajando para conseguirlo, junto a los agentes sociales y la Administración. Somos la segunda comunidad autónoma más exportadora y en 2015 fuimos la primera por crecimiento del índice de producción industrial. Tenemos que avanzar hacia la reindustrialización de la Comunidad, con el objetivo de que la industria vuelva a representar, al menos, el 20 por ciento del PIB en 2020, tras la pérdida de peso de los últimos años -sobre todo, por el boom inmobiliario-. Por otro lado, el tamaño, en un mundo globalizado, es importante. Tenemos muchas capacidades y sectores punteros, aunque uno de los retos es la mejora de la dimensión empresarial. Los estudios demuestran que las empresas españolas con más de 250 empleados son más productivas que las alemanas. Crecer como empresa lleva a otras visiones, tanto desde el punto de vista organizativo, como de proyección exterior, distribución, innovación... Además, necesitamos empresas que apuesten más por la innovación, el conocimiento y los recursos humanos. La estrategia no debe de ser vender más a menor precio, sino apostar por la calidad a un precio razonable; aportar valor añadido.
Nos encontramos con el problema de la limitación de recursos, por la situación de infrafinanciación de la Comunidad, que no permite realizar inversiones ni instaurar políticas y medidas dinamizadoras que en otras regiones sí se están aplicando. Y faltaría una mayor inversión en infraestructuras. Entre las prioritarias, hablamos del Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico, que aportarían valor estratégico.
¿La 'hipoteca reputacional' que arrastra la región por los casos de corrupción y mala gestión puede lastrar la recuperación?
Es algo que está ahí. Los empresarios nos podemos equivocar al tomar decisiones, pero otra cosa es actuar de manera indebida. En la CEV, nos hemos brindado a denunciar cualquier actuación inadecuada que nos hagan llegar, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. Un ámbito clave contra el que luchar es el fraude fiscal, porque España ha sido un país excesivamente permisivo y, como sociedad, muy hipócrita. A mí lo que me preocupa del tema de los Papeles de Panamá no es qué actor o presentador sale, sino que en esos países está el dinero procedente de actividades delictivas. Cada país tiene un paraíso fiscal y, como sociedades maduras, tenemos que empezar a trabajar para solucionar estas cosas.
**(Puede leer la entrevista completa y otras informaciones y análisis sobre la economía y las empresas valencianas en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
*Máster en dirección de empresas por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM) y con amplia formación de postgrado en alta dirección y dirección financiera, Navarro compagina la presidencia de la CEV con las del consejo de administración de ADE Logística, de Excelitas Global y de Cade Logistics. Es vicepresidente de la patronal autonómica, Cierval, miembro del Comité Ejecutivo de la organización nacional CEOE y vicepresidente de Cepyme.