Dos exalcaldes, siete exconcejales y varios empresarios están entre los 34 acusados en el escrito de calificación en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita la apertura de juicio oral en la pieza del 'caso Brugal' que investiga los contratos de gestión de residuos de Orihuela (Alicante). El fiscal cree probados delitos de fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral, uso de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios.
Para el presunto cerebro' de la trama, el empresario Ángel Fenoll -implicado en otras piezas del caso-, la Fiscalía pide 46 años de prisión. Para los dos últimos exalcaldes, José Manuel Medina y Mónica Lorente -ambos del PP-, plantea 12 y 8 años de cárcel, respectivamente. Fenoll se habría "granjeado una red de colaboradores y amistades", entre los altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, para lograr que le beneficiasen en las adjudicaciones. Además, habría financiado, de manera ilegal, tanto al PP como al Partido Social Demócrata de Orihuela en las elecciones de mayo de 2007.
Fenoll y Lorente están también entre los 13 acusados que serán juzgados por amaño de contratos para la explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
La investigación del 'caso Brugal' se inició en 2006, con unas grabaciones que revelaban presuntas ilegalidades en adjudicaciones de contratos. Actualmente, está dividido en 20 piezas y afecta a altos cargos de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, de varios municipios de la provincia y empresarios.
Adjudicación sin licitación
El fiscal señala que la empresa de Fenoll Colsur, a través de actuaciones "mendaces" y sin que conste la existencia de contrato que lo justificase, ingresó entre 2005 y 2008 más de 18,3 millones de euros -con un beneficio y gastos generales de 3,4 millones- y 2,8 millones Proambiente -con 536.823 euros de beneficio y gastos-. A la UTE adjudicataria del servicios, participada mayoritamiente por Fenoll tras los supuestos amaños, se le pagaron por tres años 26,5 millones de euros. La adjudicataria real que perdió el concurso (Urbaser) reclama en vía jurisdiccional una indemnización de 7,4 millones de euros.
En la calificación el fiscal señala que la empresa Colsur resultó adjudicataria de forma directa y sin licitación pública el contrato de recogida de basuras de Orihuela en 1992 y desde entones, y a partir de 1995 con el consentimiento del acusado y entonces alcalde José Manuel Medina, siguió prestando los servicios a pesar de que debía estar rescindido en 1994.
En el año 2000, la Comisión Municipal de Gobierno aprobó el pliego de condiciones del expediente de contratación de la adjudicación del servicio de recogida de basuras, aunque Fenoll consiguió que permaneciera paralizado para poder ser declarado desierto, lo que se acordó en 2005. Según el fiscal, a finales de 2000, Medina recibió siete millones de pesetas a través de un concejal que hizo de intermediario.
En 2005, se aprobaron los pliegos de un nuevo concurso, periodo en el que se produjo un distanciamiento entre Fenoll y Medina, por lo que el empresario empezó a actuar para favorecer los intereses de Mónica Lorente, que entonces era concejal pero aspiraba a obtener la Alcaldía. Desde septiembre de ese año y hasta marzo de 2006 se produjeron las reuniones entre Fenoll y el edil Jesús Ferrández, que fueron grabadas y en las que se hablaba del concurso y los beneficios para Fenoll.
En la Mesa de Contratacion de marzo de 2006, con discrepancia entre sus miembros, se dictaminó que la oferta mejor valorada era la de Urbaser, seguida de SUFI y en tercer lugar Colsur-Proambiente. En esas fechas, según el fiscal, entró en escena Lorente, quien puso de manifiesto su interés en ralentizar la adjudicación para que de nuevo el concurso fuera declarado desierto.
Gracias a una persona de confianza de Fenoll, Javier Bru, hubo una reunión en la que se acordó presionar a Medina para que se retrasara la adjudicación del contrato o se adjudicara en beneficio del empresario, bajo la amenaza de que éste difundiría las grabaciones, alguna de las cuales ya había hecho pública.
De esta forma, se acordó en Junta de Portavoces que la Universidad Politécnica de Valencia elaborara un convenio para un nuevo informe de valoración de las plicas. En este caso, también se prorrogaron los plazos de entrega hasta llegar a abril de 2007. En esa fecha, Fenoll, junto con otras personas, desarrolló un plan para captar las voluntades de personas con capacidad de decisión política y grabó conversaciones que podían perjudicar sus imágenes públicas.
Financiación irregular en elecciones
Fenoll intervino también en actos de campaña electoral de las municipales de mayo de 2007 con aportaciones dinerarias. También dirigió las acciones para captar votos para el PP de Orihuela, para lo que contó con la ayuda de una serie de personas, entre ellos ediles. Tras los comicios, el PP logró mayoría absoluta en la localidad. A los pocos días, Medina cesó de sus funciones, siendo sustituido por Lorente.
En esas fechas, Colsur -con el reparo del interventor- recibió la aprobación de varias facturas por importe cercano a los dos millones de euros. En septiembre de ese año, el representante de la UPV ratificó que la oferta mejor valorada sería la de Urbaser, aunque el pleno de noviembre volvió a decidir, con los votos del PP, declarar desierto el concurso y firmar un nuevo convenio con la UPV para el asesoramiento con vistas a un nuevo pliego de condiciones.
Desde septiembre de 2007 y hasta marzo de 2008, Fenoll desplegó una actividad dirigida a asegurarse la "ilícita adjudicación" del nuevo contrato, con la misma táctica de usar la influencia que ejercía sobre las autoridades municipales y llegó a redactar "a su conveniencia" el pliego y a adquirir y usar empresas interpuestas dirigidas por testaferros para presentarlas al nuevo concurso como UTE.
Así, concurría con Colsur y con una UTE con SUFI, a través de empresas creadas ex profeso y en las que no aparecería nadie de su entorno. Paralelamente, mantuvo contactos con personal de su entorno para influir en la elaboración del pliego de condiciones y tener conocimiento de él por anticipado. En esta tarea se constituyeron como "auténticos colaboradores" los ediles Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia y como intermediario participó el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente.
En septiembre de 2008, la UPV presentó la valoración de la UTE con SUFI como mejor empresa, que al final resultó ser la adjudicataria dada la información privilegiada obtenida por Fenoll, seguida de Colsur. La unión de empresas llevó a cabo la limpieza en Orihuela hasta abril de 2012, fecha en la que un nuevo gobierno municipal resolvió el contrato por incumplimientos.
