La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado hoy que el Gobierno valenciano ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción "las numerosas irregularidades detectadas a través de la Intervención de la Generalitat en el proceso de constitución y en la operativa de la mercantil Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L.", participada en un 51% por la Generalitat y un 49% por la promotora Urbana Ducat. Oltra ha anunciado la disolución definitiva de esta sociedad, en preconcurso de acreedores desde enero, que "ha dejado un agujero financiero de cerca de tres millones de euros" en las arcas públicas valencianas.
"Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. fue creada en julio de 2004 por el anterior Consell -siendo conseller Rafael Blasco-, teniendo como socio minoritario, con una participación del 49%, al ya desaparecido Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (Ivvsa), que amplió hasta el 51% en 2010, cuando adquirió la condición de Empresa Pública, detectándose irregularidades en ambos momentos", explicó Oltra. En concreto, se refirió a la asignación directa de socio del Ivvsa, sin concurso público.
Entre los hechos bajo investigación, la vicepresidenta se ha referido a la venta, en 2005, por parte del Ivvsa a esta mercantil de un solar en Alaquàs, propiedad de la Generalitat, para la construcción de vivienda sociales, "una promoción que se podría haber realizado directamente, pero que se vendió por un importe de 3 millones de euros. La mercantil pidió un préstamo para el pago, que no se ha abonado, por lo que, actualmente, la Generalitat se ha quedado con un solar que está en ejecución hipotecaria y con la deuda de 3 millones de euros".
Por otra parte, ha señalado que, la ampliación de capital realizada en 2010 "no con contó con la preceptiva autorización del Consell" y que, además, al pasar a ser considerada como Empresa Pública, "el IVF avaló el préstamo solicitado, cerrando así el círculo de saqueo y avalando el pufo de la desposesión de un bien y del dinero público ".
Además,- ha proseguido- "hasta 2012 el Ivvsa no reclamó a la empresa privada participante en la sociedad ninguna documentación contable ni fiscal y no es hasta 2015, con el nuevo Consell, cuando se presenta demanda ante el juzgado de lo Mercantil de Valencia para exigir esta documentación, con el fin de iniciar el proceso concursal".
Oltra también ha denunciado que, "quienes se sentaban en el consejo de administración de eta empresa mixta, adjudicaban contratos directos a empresas de familiares directos por importes que alcanzaron hasta los 15 millones de euros, en un saqueo organizado que nos deja un agujero de 3 millones de euros a las arcas públicas".
Responsabilidad de todo el Consell
La vicepresidenta ha responsabilizado al Consell al completo de 2004,2005 y 2010 de "provocar esta situación, en la que de tener un solar donde se iban a construir viviendas sociales pasamos a perderlo y, además, a deber 3 millones de euros por algo que ya era público".
"Todo el Consell consintió en 2010 que se hiciera la ampliación de capital, que pasara a ser una Empresa Pública, con el aval del IVF, socializándose así las pérdidas", ha afirmado.
Asimismo, ha invitado a Les Corts a sumarse a la denuncia por responsabilidades penales presentada por el Consell y exigir también "responsabilidad políticas por estos hechos mediante la constitución de una comisión de investigación".
