Comunidad Valenciana

El juez cita a Alfonso Grau como testigo en la pieza por blanqueo y pide apoyo al Tribunal de Cuentas

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el 'Caso Imelsa' volverá a tomar declaración, el día 22 de abril, al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, investigados en la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Para el mismo día, ha sido citado, en calidad de testigo, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esposo de la exconcejal de Cultura, María José Alcón, imputada en la pieza separada (blanqueo) y en la pieza principal, por un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales.

En la pieza separada -con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, en la que se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita-, el juez ha dictado una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de la capital "la relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del Grupo Municipal Popular, de la Alcaldía y de Vice-Alcaldía, con indicación de la vinculación correspondiente a cada uno de ellos".

El magistrado, a petición del fiscal, ha requerido el auxilio del Tribunal de Cuentas y, además, pregunta al órgano interventor del Consistorio si la cuenta bancaria abierta a nombre del Grupo Popular "era una cuenta objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia".

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 suspende la declaración de la testigo que debía acudir mañana, esposa de uno de los asesores investigados, al no haberse recibido aún la información bancaria que le fue requerida a una entidad.

Ampliado el secreto de la pieza principal

El juez ha acordado ampliar un mes más el secreto de sumario de la pieza principal del 'Caso Imelsa', hasta el próximo 14 de mayo. Hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y otros exaltos cargos de varias Administraciones, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos.

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