Valencia
Pese a los recelos de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra a la empresa privada, finalmente uno de los mayores grupos españoles de servicios, Eulen, se ha adjudicado la gestión de parte de los centros de encuentros familiares judiciales existentes en la Comunidad Valenciana. Y ello después de que se tumbasen los pliegos iniciales, que solo permitían presentarse a entidades o fundaciones sin ánimo de lucro.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha adjudicado a Eulen uno de los cuatro lotes, en concreto el que incluye los diez centros de la provincia de Alicante durante los próximos tres años. Una actividad por la que la empresa recibirá 8,32 millones de euros, IVA incluido.
El departamento de Oltra también ha adjudicado otros dos lotes, el que incluye los tres puntos de encuentro de la provincia de Castellón a la Fundación Diagrama, por 1,95 millones sin IVA. Por su parte, el que abarca los 14 centros de la provincia de Valencia salvo en la capital, ha sido encargado a la Fundación Antonio Moreno, por 10,19 millones sin IVA.
En cuanto al cuarto lote, el de Valencia, la mesa de contratación propuso que se adjudicara también a una empresa, Factoría, Gestión y Consultoría, aunque en ese caso aún no se ha formalizado la adjudicación fijada en 1,31 millones.
El primer concurso convocado por Igualdad fue anulado, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dictaminara una resolución con la que anulaba las cláusulas impuestas para excluir, precisamente, a las empresas privadas del concurso, puesto que restringía el acceso sólo a entidades sin ánimo de lucro. La Conselleria volvió a sacar a concurso el proceso.
Demasiada intervención privada
La propia Oltra volvió ayer a insistir en su visión de que las empresas privadas tienen demasiado peso dentro de la actividad que atañe a su departamento. "Desde mi punto de vista en el ámbito social hay demasiada intervención privada", aseguró durante la Cumbre entre el Gobierno valenciano y el balear en Palma de Mallorca.
Oltra puso como ejemplo que de las 340 residencias geriátricas de Comunidad Valenciana solo 10 están gestionadas y son titularidad por la Administración autonómica. Además defendió que las entidades sin ánimo de lucro "son privadas" y consideró que la colaboración público-privada debía pasar por ellas.