Valencia
Las medidas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar el cierre de empresas golpeadas por la pandemia sanitaria ha encendido el debate sobre cuáles son los instrumentos apropiados para salvar a las compañías viables.
Frente a las quitas de los préstamos ICO, que se apunta como la principal alternativa que maneja Moncloa, patronales y expertos apuntan a las ayudas directas y la transformación de parte de la deuda en préstamos participativos.
Esta última es una de las fórmulas por la que ha apostado el Gobierno valenciano para apoyar aquellas empresas cuya solvencia ha quedado gravemente dañada a raíz de las pérdidas generadas por la crisis sanitaria. Una línea de préstamos dotada con 50 millones de euros y gestionada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que está especialmente enfocada a empresas de turismo, hostelería y sectores vinculados y con un plazo de 15 años.
"Estamos pensando en compañías que ya acreditan síntomas de no poder pagar y no encuentran opciones de financiación", explicó el propio director general de IVF, Manuel Illueca, recientemente en una jornada organizada por Cepyme sobre la solvencia del tejido empresarial. La filosofía del organismo público es la de actuar como un fondo que aporta liquidez para facilitar el acuerdo entre el deudor y las entidades financieras.
Papel de los bancos
Por eso en el modelo valenciano los bancos juegan un papel esencial para que las operaciones salgan adelante. Por un lado, para inyectar los hasta 2 millones de euros previstos el IVF exige que ya exista un acuerdo de reestructuración de la deuda entre la empresa y sus acreedores financieros. Además, los bancos se tienen que comprometer a mantener las líneas de liquidez abierta a esas empresas en debilidad durante un mínimo de tres años, con tipos de interés del mercado y por al menos el 40% del préstamo participativo.
Para Illueca, una de las claves del éxito de esta herramienta para afrontar la crisis de solvencia de las compañías es lograr esa cofinanciación privada, en un momento en que el aumento de los impagos también puede elevar los riesgos de las entidades financieras. "Es importante que no lleguemos a un punto en que el banco se plantee que es mejor ejecutar avales para minimizar pérdidas. Esto desencandenaría una situación de quiebras y concursos muy peligrosa", señaló.
En la práctica, la línea Solventia permite a las empresas solicitar un préstamo participativo desde 25.000 a dos millones de euros con un plazo de 15 años y 24 meses de carencia que pretende garantizar un margen para la recuperación de los beneficios. Para cuantificar el importe concreto se toma como base la suma de las pérdidas de 2020 y de las estimadas para 2021 de la compañía, con la intención de que el préstamo participativo se destine a reponer los fondos propios perdidos por la crisis pandémica durante estos dos años.
Los tipos de interés del préstamo se sitúan entre el 2% y el 5%, en función de la aportación recibida, que se reduce mientras la empresa esté en pérdidas. Además, se incluye un tramo no reembolsable del 30% si se mantiene vivo el préstamo hasta su finalización.
Precisamente una de las claves dentro del plan del ayudas que plantea el Gobierno central mediante quitas a los préstamos ICO es cómo distinguir a las empresas viables de las que no lo son. El IVF se ha encontrado con este mismo problema a la hora de definir el acceso a estos préstamos participativos y ha fijado unas condiciones de viabilidad, estructura de capital previa y suficiencia. Para ser beneficiarios será necesario acreditar beneficio bruto de explotación (ebitda) en 2018 y 2019, además de una deuda financiera neta inferior a 15 veces el ebitda de esos años.
Alternativa a las quitas
El director del IVF considera que el modelo de préstamos participativos también puede ser una alternativa para transformar parte de los ICO. "Un esquema que convierta parte del préstamo en un participativo a muy largo plazo que pueda asumir el Estado permite que la banca tenga confort para seguir trabajando con el cliente", apuntó Illueca. Una relación entre empresas y bancos que según su visión será más complicada si se aprueban las quitas compartidas de forma indiscriminada, ya que podría se podría cerrar la financiación posterior a esas compañías.
