Se estrecha el cerco a Ryanair. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, anunció ayer su decisión de abrir otro expediente a la aerolínea de bajo coste irlandesa tras la ampliación de sus cancelaciones para el periodo comprendido entre noviembre y marzo del próximo año, que supondrá que más de 400.000 pasajeros se vean afectados.
Para la apertura de otro expediente, el organismo realizará nuevas inspecciones para verificar que la irlandesa cumple de forma estricta el reglamento europeo sobre los derechos de los pasajeros. De no ser así, las sanciones podrían alcanzar los 4,5 millones de euros. No obstante, la aerolínea cuenta con diez días para presentar sus alegaciones.
Además, España solicitará a la Comisión Europea que se incluya en el reglamento como infracción sancionable las cancelaciones masivas de vuelos por causas imputables a las compañías aéreas, más allá de la actual obligación de las aerolíneas de cumplir con la normativa de derechos de los pasajeros.
En Reino Unido, el regulador amenazó también ayer a Ryanair con acciones legales por "confundir persistentemente" a los pasajeros sobre sus derechos. Aunque el jefe de la Autoridad de Aviación Civil (CAA, en sus siglas en inglés) duda que la situación vaya a acabar en los tribunales, su dureza es destacable en un organismo renombrado por su neutral mesura. Andrea Haines se mostró "furioso" por la gestión y calificó el comportamiento de la aerolínea de "inaceptable".
Por ello, la CAA ha promovido una "acción de ejecución" contra la empresa por haber mantenido que no estaba obligada a redirigir a los pasajeros afectados a firmas rivales. La normativa comunitaria establece su derecho al reembolso del billete y a ser relocalizados con otra compañía, por lo que el responsable del regulador ha sentenciado que los viajeros "no deberían de tener que elegir entre bajo coste y derechos legales".
En consecuencia, el organismo estudiará la situación en los próximos siete días para decidir si procede a adoptar acciones legales. De hacerlo, Ryanair podría afrontar una multa. De momento, la aerolínea asegura que cooperará, pero las señales no han gustado al regulador, especialmente las remitidas por el consejero delegado. "O'Leary aseguró que no iba a pagar para que los pasajeros volasen con otras aerolíneas", censuró Howard, quien advirtió de que "eso va contra la ley".
