Este año los transportistas sólo marcarán en sus mapas cinco Comunidades Autónomas. Se trata de las regiones en las que no se aplicará en su tramo autonómico el conocido como Céntimo Sanitario, el impuesto que grava los carburantes. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Transporte
Cantabria, La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Canarias estarán entre las Comunidades más baratas para repostar ofreciendo unas variaciones de precio respecto a sus vecinos que los profesionales del sector tienen muy presentes, ya que sus camiones consumen de media unos 50.000 litros de gasóleo al año.
Entre los cambios que se han producido este año en la aplicación de este impuesto destaca el de Aragón, que ha generado bastante sorpresa en el sector, ya que era una de las pocas Comunidades Autónomas que había optado por no aplicar este impuesto sobre los carburantes desde que se creara en el año 2002.
Cambio absoluto
El cambio ha sido absoluto y desde el 1 de enero se implantó este impuesto por importe de 2,4 céntimos por litro, si bien, según explica Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España), este gravamen podrá ser objeto de devolución a los transportistas y taxistas a través del mecanismo del gasóleo profesional.
La entrada de Aragón en la lista negra contrasta con la tendencia que se registró durante los dos años anteriores. Según la normativa, cada Comunidad Autónoma puede establecer el importe que va a recaudar del tramo autonómico de este impuesto especial de hidrocarburos y en 2014 Cantabria y Navarra decidieron reducirlo para finalmente eliminarlo en 2015. Asimismo, el año pasado otras dos regiones aplicaron una bajada. Sin embargo, los cambios de este año han dado que pensar al sector que estas modificaciones pudieron verse motivadas por la cercanía de las elecciones autonómicas.
Precisamente una de estas Comunidades, Navarra, ha protagonizado uno de los cuatro cambios de este año al decidir reimplantar este gravamen. El impuesto sobre hidrocarburos estuvo en vigor en la región en los años 2012 y 2013, hasta que fue derogado al considerarse que su aplicación, según se indicaba en la ley derogatoria, supuso "una disminución significativa en el consumo de los productos afectados, así como que la recaudación tributaria no compensa los recursos, tanto materiales como humanos, que deben destinarse a dicha gestión".
Mecanismo de devolución
A pesar de estas afirmaciones, Navarra ha decidido implantar de nuevo este impuesto por importe de 2,4 céntimos por litro, que, al igual que en Aragón, podrá ser objeto de devolución a los transportistas y taxistas a través del mecanismo del gasóleo profesional. Este es precisamente el cambio que se ha implantado en Andalucía, ya que era la única Comunidad Autónoma que, pese a tener el impuesto sobre los carburantes en su importe máximo (4,8 céntimos por litro), no había establecido el mecanismo de devolución para los transportistas y taxistas.
Con la incorporación de la Comunidad en la lista, todas las que aplican este gravamen ofrecen la devolución a través del gasóleo profesional, para lo cual el transportista que lo solicite deberá estar previamente dado de alta en el Censo de Beneficiarios de Gasóleo Profesional dependiente de la Agencia Tributaria.
Este es un paso importante para el sector, que no sólo ha recibido malas noticias, ya que Castilla y León, atendiendo a las reclamaciones constantes de los transportistas, ha decidido no aplicar este impuesto que estuvo vigente hasta 2014 en su tramo máximo, 4,8 céntimos por litro, reduciéndose a partir de 2015 a 1,6 céntimos por litro.
Se potencia el 'Efecto Frontera'
El cambio en Castilla y León ha hecho saltar las alarmas en Extremadura, donde el sector de las estaciones de servicio ha pedido a la Junta de Extremadura la supresión, o al menos la reducción de este impuesto, pues consideran que actualmente están en una clara posición de desventaja. Antes de este cambio, la tasa en Castilla y León ya era más baja que la extremeña, pero ahora la diferencia se magnifica, tanto que los turismos y transportes podrán ahorrarse cinco céntimos por litro si repostan en Castilla y León, en lugar de llenar el depósito en Extremadura. Concretamente, esta última tiene fijada una tasa de 38,4 euros/m3, lo que supone 4,59 céntimos de euro más por litro, si se tiene en cuenta el valor actual del gasóleo, respecto a Castilla y León.
Estas diferencias son muy relevantes para los transportistas, ya que estos pueden llegar a repostar hasta 1.000 litros de carburante en cada suministro, lo que significa que pueden ahorrar unos 45 euros dependiendo de la Comunidad en la que reposten.
Una de las principales damnificadas tras el cambio de Castilla y León puede ser Galicia, ya que se mantiene a la cabeza de las comunidades con los combustibles más caros de España, al mantener el tipo máximo a pesar de las constantes reclamaciones del sector del transporte local. Estos pueden solicitar la devolución del dinero, pero deben esperar unos cinco meses y además hay una gran parte del sector que se queda fuera, ya que excluyen los vehículos de transporte ligero, como es el caso de las furgonetas, que son unos 10.000 en Galicia. Los transportistas de largo recorrido pueden ahorrar alrededor de unos seis céntimos por litro si deciden repostar en Castilla y León, en lugar de en Galicia, según las estimaciones de la Federación Galega de Transportistas (Fegatrans).
En Asturias también han alzado la voz para demandar una situación que dicen, no beneficia ni a gasolineras, ni a conductores. Así, la presidenta de Foro, Cristina Coto, instó al Gobierno regional del PSOE "a eliminar el céntimo sanitario, al igual que han hecho en Cantabria", ya que "daña a conductores y transportistas".
Coto afirmó sin rodeos que "ahora los transportistas van a otras regiones para hacer sus repostajes más baratos" y recordó que "los usuarios del transporte no deben soportar este coste".
Asimismo, señaló que "Cantabria eliminó este impuesto con efectos del 1 de enero de 2015, País Vasco y La Rioja nunca lo han implantado y Castilla y León lo ha eliminado", por tanto, "Asturias está quedando cercada por sus propios impuestos y el último ejemplo lo tenemos en los transportistas, que prefieren desplazarse más allá de nuestras fronteras a repostar gasolina".
El hecho de que los profesionales del sector vayan a llenar los tanques de sus camiones a Comunidades limítrofes en las que el combustible no tiene este gravamen se conoce en el sector como Efecto Frontera. En este sentido, Fenadismer considera que un año más, las Comunidades Autónomas "continúan actuando en materia de fiscalidad sobre los carburantes de forma absolutamente unilateral y descoordinada, creando innecesarios efectos frontera en las zonas limítrofes regionales, en función de cuál sea el impuesto que soportan el gasóleo y la gasolina en las estaciones de servicio situadas en cada Comunidad Autónoma.
Por ello, aseguran que seguirán insistiendo en esta legislatura al nuevo Gobierno la necesidad de que se establezca una política armonizadora en materia de fiscalidad sobre los carburantes a nivel estatal, que "acabe con las actuales distorsiones impositivas en función de decisiones políticas regionales arbitrarias y contrarias a los intereses económicos de los diferentes sectores consumidores de carburantes, en especial del sector del transporte por carretera".
Polémica desde su nacimiento
El céntimo sanitario, sigue generando polémica hasta 14 años después de su nacimiento, cuando aterrizó en España con la excusa de destinar la recaudación del mismo a financiar la sanidad pública. Esto no sentó bien al sector, que defiende que es un "argumento falso" y que el único objetivo de este impuesto es el de recaudar.
Además, desde Fenadismer, aseguran que en el caso de que realmente hubiera sido así, "este impuesto tendría un efecto discriminatorio importante en perjuicio de los colectivos que consumen más carburante, como es el caso de los transportistas, ya que supondría que estos financiarían 20 veces más su sanidad pública que el resto de los ciudadanos particulares".
La Federación considera que hubiera sido más lógico, "si lo que se pretendía era simple y llanamente obtener más recaudación de la fiscalidad que grava los carburantes, haber optado sencillamente por incrementar el tipo impositivo del impuesto de hidrocarburos y no haber inventado esta figura impositiva para tratar de maquillar el verdadero objetivo: recaudar más dinero", aseguran.