Málaga estrena este sábado la moratoria que congela durante tres años la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT). La medida, aprobada en pleno municipal el pasado julio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 22 de agosto, entra ahora en vigor con carácter inmediato en todo el término municipal.
La suspensión de licencias se aplicará a cualquier nueva solicitud, aunque no afecta a las viviendas ya registradas que cumplen con la normativa vigente. El plazo inicial será de tres años, prorrogables, mientras el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar limitaciones estructurales a este tipo de alojamientos.
Presión sobre el mercado de vivienda
La capital de la Costa del Sol ha visto dispararse en los últimos años el número de viviendas turísticas hasta superar las 12.000 unidades registradas, lo que representa alrededor del 5% del parque total. En barrios como el Centro Histórico o El Perchel, la proporción es muy superior, generando tensiones en el precio de los alquileres residenciales y reduciendo la oferta disponible para vecinos.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que la medida "no pretende frenar la llegada de turistas, sino equilibrar el desarrollo de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda". Desde el área de Urbanismo insisten en que la moratoria es un paso "necesario para planificar con rigor el futuro del modelo urbano y turístico".
En línea con grandes capitales
La decisión sitúa a Málaga en la senda de otras grandes ciudades europeas y españolas que han optado por frenar el crecimiento de las VUT. Barcelona, Lisboa o Ámsterdam llevan tiempo aplicando restricciones, mientras que Sevilla también estudia medidas más estrictas.
El contexto en la capital malagueña es especialmente sensible: el auge del turismo ha llevado las cifras de llegadas y ocupación hotelera a máximos históricos este verano, con niveles cercanos al 90%. Un motor económico que el consistorio quiere compatibilizar con la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad urbana.
El Ayuntamiento dispondrá ahora de un margen de tres años para redactar la modificación del PGOU que delimite con claridad las condiciones para la implantación de nuevas VUT en el futuro. Entre las opciones sobre la mesa figuran la prohibición en zonas saturadas, la introducción de cupos máximos por distrito y mayores requisitos en materia de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad.
Hasta que esa nueva normativa esté lista, el bloqueo de licencias busca evitar un efecto llamada que agrave aún más la presión en el mercado residencial. Las viviendas ya registradas mantienen su actividad, pero cualquier nueva solicitud queda en suspenso.