El Ayuntamiento de Manacor, en Mallorca, ha tomado en las últimas semanas una polémica decisión que afecta de manera directa al sector náutico tras la instalación de señales de balizamiento en el mar que prohíbe a los barcos acercarse a las calas del municipio. La medida, presentada como "un esfuerzo para mejorar la seguridad de los bañistas y combatir la supuesta saturación de la costa", representa, sin embargo, "un golpe sin precedentes para el sector náutico de Baleares", según denuncia la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN).
La decisión del consistorio tiene en cuenta la llegada masiva de turistas a la isla en esta época y, sobre todo, el gran número de embarcaciones marítimas que surcan sus aguas, que a partir de ahora tendrán prohibido acceder a Mallorca atracando en Manacor.
No obstante, desde ADN han considerado que las embarcaciones "nunca han representado un riesgo directo para los bañistas" y que la "narrativa de una supuesta masificación generalizada" de las costas del archipiélago no se sostiene.
Amenaza para la convivencia entre turistas y residentes
La ADN se ha opuesto al "cierre total" a la navegación en las calas de Manacor ordenado recientemente por el Ayuntamiento al considerar que se trata de una medida "injustificada" y que supondrá un "golpe sin precedentes" para el sector náutico. En un comunicado, la asociación ha expresado su malestar por el balizamiento de las calas y playas a la náutica recreativa y ha alertado de la ausencia de una justificación técnica y legal que avale la medida.
"Si el objetivo fuera realmente mejorar la seguridad, el Consistorio debería apostar por reforzar los servicios de socorrismo y por diseñar balizamientos inteligentes que eviten que los bañistas se alejen peligrosamente de la orilla. En lugar de ello, todo apunta a una actuación unilateral que criminaliza al navegante y no conjuga la seguridad con el acceso ordenado y sostenible a la costa", ha defendido la asociación.
Con todo, la prohibición podría tener el efecto contrario al deseado e incrementarse el uso de vehículos privados para acceder a las calas, el consiguiente impacto medioambiental, sin contar el aumento del turismo en dichas calas, ya de por sí saturadas.
Es por ello por lo que han pedido la intervención urgente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y la inclusión en la futura ley de gestión del litoral una normativa clara sobre balizamientos que garantice tanto la protección de los bañistas como la libre circulación de embarcaciones "responsables".
Polémica con el alquiler de barcos privados
El Consell de Mallorca ha considerado que la resolución del Gobierno que autoriza el alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante unos meses al año "amenaza la convivencia " entre turistas y residentes y socava los esfuerzos por conseguir una gestión turística sostenible.
Es por ello que la institución insular, en un comunicado, ha manifestado su más profundo rechazo y ha exigido la retirada inmediata de la resolución que permite esta posibilidad, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La decisión del Gobierno "opera fuera del radar de la administración competente en turismo y evidencia una grave falta de previsión, ya que esta nueva bolsa de oferta turística náutica no fue considerada en los análisis previos de presión turística".
"Supone un retroceso en las medidas que se están implantando y afecta directamente a la capacidad de carga de las islas", ha dicho el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez.
Este tipo de anuncios unilaterales, ha añadido el Consell, "provoca una situación de tensión innecesaria" entre la sociedad mallorquina, que ha percibido cómo "los esfuerzos por contener la masificación son invalidados por administraciones superiores que ignoran la realidad local".
Este hecho, siempre de acuerdo con la institución insular, vendría a demostrar la necesidad "imperativa" de que los estudios sobre la capacidad de carga en territorios insulares deben incluir el impacto sobre el litoral y no solo por plazas hoteleras o número de visitantes.
"Desde Mallorca llevamos dos años luchando contra la oferta ilegal, opere en el campo que opere, lo que ha permitido lograr importantes avances. Medidas como esta suponen un retroceso a todo lo conseguido", ha lamentado Rodríguez.
El responsable del departamento de Turismo ha considerado que este tipo de medidas "van en la línea impulsada por los últimos gobiernos de izquierda en Mallorca, que durante ocho años fueron quienes crearon más de 90.000 plazas turísticas afectando gravemente la convivencia al provocar una proliferación descontrolada de oferta turística".
Por todo ello, el Consell de Mallorca ha reiterado su solicitud al Gobierno para que retire esta resolución y ha pedido que cualquier regulación futura que afecte al sector náutico o que tenga alguna incidencia sobre la capacidad de carga del territorio cuente con el consenso previo de las administraciones insulares y autonómicas, de modo que "un enfoque responsable que proteja el frágil equilibrio" esté garantizado.