Madrid
En 2024 visitaron nuestro país 93,8 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un 10% más que 2023 en un nuevo máximo histórico, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La hucha del turismo internacional cerró con 126.282 millones de euros, unas cantidades inimaginables hace apenas unos años cuando llegó a nuestras vidas la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la cara 'B' es que todas estas cifras están transformando de forma notable la vida de los residentes locales, hartos del turismo masivo a las puertas de otro verano que se prevé de récord. Unas consecuencias nefastas que afectan, sobre todo, a los precios de la vivienda, a la pérdida de identidad de los barrios o al cierre de negocios tradicionales. Por eso, España ha vuelto a salir a la calle en forma de protesta con manifestaciones en buena parte del país.
Las comunidades que más dinero recaudaron el año pasado fueron Cataluña, Canarias y Baleares. Precisamente en estas zonas es donde más gente se ha echado a las calles clamando contra el turismo masivo. Hace menos de un mes se manifestaron alrededor de 600 personas en Barcelona, exhibiendo carteles con lemas como "pan, techo futuro", "el turismo nos roba" o "un turista más, un vecino menos", además de proliferar cánticos contra los turistas, como "mires donde mires, todo son guiris". Algunas asociaciones recordaron que nada se ha cumplido de sus propuestas de hace ya un año: ni reducir las instalaciones aeroportuarias, ni las terminales de cruceros, ni eliminar los puntos turísticos y los alquileres de temporadas. En Cataluña aumentaron los turistas un un 9,7% respecto al año 2023, situándose en 19,9 millones.
Baleares es otra de las zonas conflictivas ante tanto turista. En el centro de Palma, miles de manifestantes criticaron el turismo de masas en Mallorca que consideran insostenible para el desarrollo local. Con pancartas en catalán y en inglés (con mensajes como "Rich foreign property buyers go to hell", que en español quiere decir 'Compradores ricos de propiedades, idos al infierno'), los convocantes exigen medidas como prohibir el alquiler vacacional, reducir el número de vuelos a las islas y mantener la moratoria a los megacruceros, entre otras. La protesta se extendió a Ibiza, uno de los destinos más conocidos de Baleares, donde se reunieron más de 300 personas en contra de un modelo económico y político que "privilegia el beneficio a corto plazo por encima de la sostenibilidad, el bienestar de los habitantes y el equilibrio ambiental". El archipiélago recibió casi 19 millones de turistas, lo que representó un 5% más que en 2023 en otro récord.
Por su parte, Canarias sigue sumando más y más turistas extranjeros en lo que va de año. En 2024, las islas acogieron a 15,2 millones de visitantes con origen fuera de España, representando un nuevo récord histórico anual, lo que significó más 9,1% por encima del valor de 2023. En mayo de 2025, las islas vivieron a un acontecimiento histórico: una manifestación a la que asistieron más de 22.800 personas bajo el límite 'Canarias tiene un límite', volviéndose a manifestar por tercera vez, después de las convocatorias del 20A y 20O de 2024, contra el modelo económico actual en el archipiélago, sostenido en "la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito" de una tierra que, advierten, es "muy limitada".
De norte a sur
Una de las ciudades que se manifestado recientemente ha sido San Sebastián. Unas 500 personas recorrieron las calles exigiendo que "pare la turistificación" de la ciudad y se tomen medidas ante este problema y para una "transición" hacia otro modelo que "ponga en el centro" a los vecinos de la capital donostiarra. Muchos creen que el modelo actual ha llevado a la ciudad a una situación "crítica" en materia de vivienda, con el aumento de pisos turísticos, segundas residencias y contratos de temporada que "dificultan el acceso a la vivienda y elevan los precios". En la actualidad, los alquileres más baratos en Donostia están en unos 1.000 euros, con un salario mínimo de 1.184 euros.
En el norte de España llevan años quejándose del turismo masivo. Posiblemente el caso más llamativo es el de Cantabria. En la previa al verano de 2024 se llegaron a manifestar entre 3.000 (según la Delegación del Gobierno) y 8.000 personas (según la organización) alegando no querer ser "la Ibiza del norte". En Cangas, Pontevedra, cerca de 800 personas gritaron en mayo contra el turismo "caótico y egoísta", asegurando que cada temporada vacacional supone "degradación del territorio, homogeneización cultural, estrés, ansiedad, desaparición de vivienda anual, precios desproporcionados, contaminación, atascos y trabajo precario". Además, mostraron sus quejas por la actitud de muchos turistas, que solo quieren "sol y playa y están dispuestos a lo que sea para conseguirlo".
En Valencia, la primera gran movilización del año contra la turistificación llegó en abril, con unas 4.000 personas exigiendo la limitación de los precios de alquiler, así como las "políticas de expansión urbanística y turística". "Queremos que la ciudad sea para quien la habita", aseveraron los distintos colectivos y asociaciones. Muchos calificaron de "insostenible" la situación del turismo en el centro de la ciudad, que "está matando el comercio local y desplazando al vecindario a zonas periurbanas, donde hay más vulnerabilidad".
Málaga es uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales. Aparte de una gran oferta cultural (cuenta con 28 museos y tan solo por detrás de Madrid), destaca gracias a la calidad de vida, al clima, al entorno, así como a toda oferta gastronómica (comer, beber y salir). El año pasado la ciudadanía, concretamente unas 15.000 personas, se echaron a las calles para protestar por los efectos negativos de la actividad turística, como el subidón de la vivienda, y la falta de medidas políticas para corregirlos. Sevilla se unió meses después a Málaga con movilizaciones para reivindicar el derecho a una casa digna frente a la especulación y el alza de precios que provocan los pisos turísticos. En Sevilla, por ejemplo, hay zonas que antes estaban llenas de vida local y tradición y ahora ven cómo sus viviendas se convierten en alojamientos turísticos y pequeños comercios que son reemplazados por cadenas internacionales. "Antes aquí se seseaba", se podía leer en uno de tantos letreros.
En Granada, varios cientos de personas se sumaron hace menos de un mes a las protestas convocadas en el Mirador de San Nicolás de Granada por la plataforma Albayzín Habitable, un movimiento ciudadano que clama contra un modelo de turismo «depredador» y que exige medidas para que no se expulse a los vecinos del barrio. El Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Alhambra, dedica una de cada cuatro de sus viviendas a uso turístico, unas cifras que la plataforma ha presentado como ejemplo de la turistificación de un barrio que quiere mantener su esencia.
Límites al turismo
Según una reciente edición del estudio anual de 'Viajes Sostenibles' de Booking, los grandes desafíos a este tipo de turismo son la masificación (40%), la acumulación de basura (38%), el aumento del coste de vida (37%) y la congestión del tráfico (32%). Ante esto, muchos creen que la mejor forma de terminar con esta masificación pasa por limitar el número de visitantes. Es aquí donde empiezan a destacar algunas zonas, como Cataluña y Baleares, en ser las dos únicas autonomías en gravar las pernoctaciones de los turistas, anunciando que incrementarán esas tasas en 2025 como la fórmula mágica para tratar de frenar el descontento ciudadano.
En esta línea, la Generalitat de Cataluña aceptó una predisposición a elevar esos recargos, en vigor desde 2012, que gravan con tarifas que van desde el euro a los tres euros por estancia y turista fuera de Barcelona, mientras que en la capital catalana se disparan hasta los 12 euros por noche. Por su parte, la presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, anunció una subida de la ecotasa (con tarifas desde 1,10 euros por día y pernoctación hasta 4,40 euros en los hoteles de gran lujo), que se limitará a los tres meses de temporada alta (junio, julio y agosto) con el fin de "poner límites" a la masificación turística.
Santiago también se va a sumar a esta iniciativa y será la primera ciudad gallega en aplicar la tasa turística. Para ello, el Gobierno local aprobó la ordenanza para gravar las visitas turísticas durante este verano, entre 1 y 2,5 euros por día. Se aplicará sobre el servicio de alojamiento por día, con pernoctación o no, por un máximo de 5 días por estancia.
Aparte de Cataluña, Baleares y Santiago, Toledo es otra de las zonas que pretende frenar a estos invasores. Por ello, su Ayuntamiento ha avanzado en un borrador con numerosas medidas para luchar frente al turismo masivo que sufre, sobre todo, el Casco Histórico de la ciudad, entre las que destacan limitar a 30 el número de personas que pueden conformar un grupo turístico en tres calles. Además, los guías no podrán usar altavoces o megáfonos y estarán obligados a usar pinganillos cuando el grupo supere las 30 personas o cuando la visita se produzca pasadas las 23:00 horas de la noche. No cumplir estas normas puede ocasionar multas de hasta 3.000 euros.