Catorce entidades del sector de la bicicleta compartida han firmado un manifiesto conjunto en el que solicitan al Gobierno que incluya este medio de transporte en el Plan Nacional del Fondo Social para el Clima, una herramienta europea clave para garantizar una movilidad más equitativa y sostenible.
Catorce actores principales del sector de la bicicleta compartida en España, que representan prácticamente la totalidad del mercado, han firmado por primera vez un manifiesto común para solicitar al Gobierno que incluya este sistema en el Plan Nacional que se enviará a la Comisión Europea en el marco del Fondo Social para el Clima.
Este fondo europeo, dotado con más de 87.000 millones de euros entre 2026 y 2032, tiene como objetivo financiar medidas que faciliten una transición ecológica justa. España recibirá un 10,5% del total —más de 9.200 millones—, y deberá presentar su estrategia definitiva antes de que acabe 2025. Las ayudas se activarían a partir de 2026.
La bici, un servicio esencial como transporte público
El sector considera que esta es una oportunidad histórica para incorporar la bicicleta compartida como un servicio esencial dentro del sistema de transporte público, especialmente en municipios medianos y zonas con escasa conectividad. Según el manifiesto, en España hay tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que en Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que en Francia, lo que evidencia el retraso del país en esta materia.
Los firmantes reclaman medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la movilidad urbana. Entre las propuestas destacan incentivos, subsidios específicos y criterios sociales en la planificación, como la accesibilidad, el tiempo de desplazamiento o el coste del transporte.
100.000 bicicletas compartidas en 2030
Actualmente, más del 20% de la población española no tiene acceso adecuado al transporte público. En este contexto, la bicicleta compartida se presenta como una solución eficiente, asequible y sostenible. El sector asegura que, con el respaldo del Fondo Social para el Clima, se podrían alcanzar las 100.000 bicicletas compartidas en 2030, reducir en 200.000 toneladas las emisiones de CO2 al año y recortar en al menos un 10% el uso del coche privado en ciudades.
Además del impacto ambiental, las entidades subrayan el efecto social y económico del plan: mejoraría el acceso a la movilidad para colectivos vulnerables, generaría más de 5.000 empleos y contribuiría a una economía más inclusiva.
El manifiesto, que llega tras meses de diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica, alinea sus propuestas con las recomendaciones de la red europea POLIS, que aboga por combatir la pobreza de transporte con medidas estructurales.