Adif ha reactivado su ofensiva judicial contra las empresas que fueron sancionadas en el año 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar el conocido como 'cártel del AVE'. El gestor de la infraestructura ferroviaria ha vuelto a arrancar el proceso para reclamar los daños derivados de estas prácticas anticompetitivas localizadas en contratos de electrificación ferroviaria, tras retener su estrategia jurídica durante varios años a la espera de la sentencia firme de la Audiencia Nacional sobre esta multa, que llegó en marzo de 2023, y de la resolución de los sucesivos recursos interpuestos por las empresas sancionadas.
El cártel ferroviario, que operó durante 14 años, se organizaba mediante consorcios para adjudicarse contratos de electrificación de las líneas de alta velocidad y convencionales en el ferrocarril español. Las empresas implicadas simulaban competencia en las licitaciones y, en algunos casos, realizaban sorteos internos para distribuirse los contratos. La CNMC desveló que estas prácticas generaron un sobrecoste en los contratos adjudicados que podría superar los 1.000 millones de euros, lo que abre la vía a que Adif y su homóloga Adif Alta Velocidad reclamen una indemnización multimillonaria todavía por determinar.
El gestor ferroviario considera que estas prácticas afectaron a la competencia y elevaron los costes de las infraestructuras. Ahora, con la resolución judicial ya definida, la compañía presidida por Pedro Marco prepara su ofensiva legal para reclamar compensaciones económicas a las empresas que efectuaron estas prácticas anticompetitivas.
Para ello, ha acudido al mercado en busca de una empresa que se encargue de elaborar los informes periciales que desglosen los sobrecostes generados en cada adjudicación en la que se ha acreditado la existencia de concertación empresarial. La cuantificación de los daños se basará en la revisión de contratos, datos de mercado y resoluciones judiciales, para lo cual, el adjudicatario deberá efectuar un análisis econométrico que permita calcular el impacto económico de esa concertación.
También está previsto que el ganador del concurso público ofrezca asistencia técnica durante el proceso judicial que se abra una vez Adif tenga claras las cuantías a reclamar, y que acuda a ratificar los informes a sede judicial.
El presupuesto de la asistencia pericial lanzada por el gestor ferroviario asciende a 726.000 euros, y el adjudicatario deberá elaborar dos informes finales: uno centrado en la alta velocidad y otro en la red convencional, con análisis individualizados para cada contratista involucrado. Las empresas que concurran a la licitación no podrán haber asesorado previamente a los adjudicatarios sancionados ni haber participado en informes que fundamenten reclamaciones contra Adif.
Seis años esperando respuesta
El 'cártel del AVE' fue descubierto por la CNMC en 2019 y en él participaron varias filiales de ACS, Elecnor, Siemens, Inabensa (Abengoa), Alstom, Isolux, Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, EYM (OHL) y Citracc. Tras su revelación, Adif arrancó los trámites para interponer demandas a las empresas participantes en el cártel sin esperar a la resolución de los recursos interpuestos por los contratistas para evitar la sanción de 118 millones de euros impuesta por Competencia. Entonces, calculó que el daño causado por estas empresas podría superar los 1.000 millones, al haber amañado 82 contratos por un valor superior a 4.182 millones de euros durante 15 años.
Tras adjudicar inicialmente el asesoramiento legal al despacho Ontier en 2023, Adif optó por no formalizar ese contrato después de que otro candidato, CCS, impugnase la licitación y obligase a repetirla, lo que dilató los plazos y los hizo coincidir con la resolución de los recursos. La idea inicial de la empresa pública pasaba por interponer demandas sin esperar a la resolución judicial (acciones stand alone), pero posteriormente prefirió esperar a que la Audiencia Nacional se pronunciase, para así tener una mayor visibilidad sobre un posible éxito posterior. La resolución de estos recursos ha ido cayendo en cadena y han cambiado el escenario judicial para el gestor ferroviario.
Los tribunales han anulado algunas de las sanciones impuestas por la CNMC, como fue el caso de Sacyr (762.000 euros) u OHLA (448.000 euros), al no considerar probada la participación de sus filiales en el cártel. También se redujo en un 85% la multa a Inabensa (ahora Cox), fijándola en 520.000 euros, tras revisar el período de infracción.
En paralelo confirmó otras, como las de Siemens (que pagó 9,2 millones frente a los 16,8 iniciales), Alstom (8,8 millones), Comsa (2,8 millones) o Elecnor, cuya sanción de 20,35 millones fue ratificada. Cobra, entonces de ACS y ahora en manos de Vinci, recibió la mayor multa (27 millones) y ha presentado un recurso de casación ante el Supremo en un último intento por evitar la sanción, según publicó Economía Digital.