La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha archivado el procedimiento abierto por la operadora francesa Ouigo contra el Ministerio de Transportes en el que denunciaba la ausencia de trámites para liberalizar los servicios ferroviarios de Media Distancia prestados por la red de alta velocidad, que actualmente presta Renfe bajo la marca Avant. Estos trenes movieron 12,6 millones de viajeros en 2023, el 2,5% del total de servicios financiados por el Estado, que transportaron a 492,4 millones.
La filial de SNCF presentó una demanda el pasado marzo ante la CNMC solicitando que "adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del marco normativo aplicable a las OSP en el mercado ferroviario". Lo hizo en referencia a un artículo de la Ley del Sector Ferroviario que obliga a sacar a concurso el 3% de la red antes del 1 de enero de 2026, un proceso todavía pendiente de concretar. Esta demora, a su juicio, "afecta a la igualdad de los operadores y el acceso a la capacidad de la red".
Además, la denuncia presentada por Ouigo apelaba a la introducción de nuevos servicios Avant que alteran las condiciones iniciales del convenio firmado entre la Administración General del Estado y Renfe en 2018, que dejará en manos de la empresa pública española estos servicios, al menos, hasta 2027, con posibilidad de prorrogarlo otros cinco años, hasta 2032.
Según revela la CNMC, en la reclamación señalaba "riesgos para la competencia" en el hecho de que se adjudicasen directamente a Renfe de estos nuevos servicios Avant, la falta de una "adecuada supervisión" de las compensaciones que recibe la operadora pública española y del indicador de eficiencia que vigila estos servicios "comportarían ".
La compañía presidida por Raül Blanco presentó alegaciones a la denuncia y aseguró que los nuevos servicios Avant acordados por el Gobierno eran reordenaciones de servicios existentes —al pasar trenes de las vías convencionales a las de alta velocidad según se iban abriendo nuevos tramos— y apenas afectaban al 0,01% de la compensación que recibe por prestar estos servicios, por lo que "no suponía una modificación sustancial" del contrato firmado en 2018.
A la CNMC no le convencieron las explicaciones de Renfe y consideró que la introducción de nuevas rutas supone una "modificación sustancial del contrato", aunque reconoce que cumplió con todos los objetivos fijados.
A pesar de ello, el regulador admite que las modificaciones en los Avant y su adjudicación directa a la empresa estatal se han realizado dentro del período transitorio establecido en la Ley del Sector Ferroviario.
Además, reprende a Ouigo por alegar que las compensaciones que abona el Estado a Renfe por prestar estos trenes son excesivas, apelando a que la auditoría de la IGAE y la contabilidad vigilada por la CNMC son suficientes para cumplir con el marco jurídico.
Así, la CNMC ordenó el archivo de las actuaciones practicadas al amparo de la denuncia formulada por Ouigo, "por no encontrar elementos de juicio suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento administrativo". A cierre de este artículo, ni Ouigo ni Renfe han remitido comentarios sobre estos hechos.
